El PSOE, las opas y Urcacyl presentaron ayer un frente común contra la Junta de Castilla y León por su «dejación» a la hora de actuar contra la plaga de topillos y los daños causados por la sequía en la Comunidad. Tras una reunión mantenida por los dirigentes agrarios con el líder de los socialistas autonómicos,Luis Tudanca, exigieron medidas urgentes al nuevo Gobierno, así como la colaboración entre administraciones para hacer frente a los daños en los cultivos por la sequía, que Asaja estima ya en 600 millones, y la «dramática» plaga de topillos en la Comunidad. Los responsables aseguraron que existen responsabilidades políticas en la situación actual ya que existía una advertencia de lo que podía ocurrir. Tudanca recordó que su grupo ha propuesto la creación de un fondo de 50 millones de euros ante contingencias en el sector, dado que la situación no es coyuntural, sino estructural por el cambio climático, medida apoyada por los líderes agrarios, así como que se actúe ya ante la plaga de topillos. «No se ha hecho nada, pese a la advertencia realizada en invierno de que podía pasar», censuró el dirigente socialista, también acogido después por las opas.
La adopción de medidas adicionales ante la sequía, contar con buenos seguros agrarios en la cobertura de las pérdidas en los cultivos, agilizar las ayudas de la PAC, líneas directas a los afectados, fiscalidad ante el menor rendimiento y actuar contra los topillos en los reservorios fueron propuestas compartidas por todos los interlocutores en la reunión mantenida en las Cortes. «Hay responsabilidades políticas claras por inacción, había una advertencia», afirmó Tudanca, que se preguntó sobre si las responsabilidades respecto a este problema «se piden a los salientes o a quienes van a entrar» en el Gobierno regional, por lo que también prefirió que se tomen las medidas necesarias, informa Ical.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, calificó de «muy preocupante» que el 60% de las pérdidas agrarias de este año por la sequía sean en Castilla y León, que estimó en 600 millones de los 1.000 totales, de ellos 350 en cereales, 150 en forraje y 100 en el sector ganadero por la falta de pastos. «Urge que las administraciones se pongan a trabajar», enfatizó.
«Hazmerreír de Europa»
El presidente de Asaja realizó un llamamiento al TSJ y a los ecologistas para que se permita el uso del fuego -no ahora sino en septiembre- y venenos en los reservorios de cunetas, caminos o arroyos para atajar la plaga de estos roedores y que no se convierta como la vivida en 2007, considerada por todos ellos como un problema de salud pública con 13 casos ya declarados de tularemia y 100 posibles. «Seremos el hazmerreír de España y de Europa», alertó Dujo, mientras que todos ellos estimaron que existen unas responsabilidades políticas por «dejación e inacción» en la Junta cuando estaban advertidos desde enero y se sabe que su aparición es cíclica, cada cuatro años, aunque, a falta de conocerse el Gobierno en el momento de su reunión, pusieron el acento en las medidas.
Más lejos fue Aurelio González, de UPA, al pedir a la Fiscalía que actúe de oficio y afirmar que, en caso contrario, su organización se plantea realizar una denuncia, propuesta que no acogió Jesús Manuel González Palacín, de UCCL, más partidario de la quema de rastrojos, utilizar veneno y limpiar cunetas y caminos rurales.
Movilizaciones. González Palacín advirtió de que su organización no dará el apoyo a «medidas cosméticas», como consideró las adoptadas en 2017, y avanzó que no descartan movilizaciones. Una actuación rápida y que «no se anden con medidas cosméticas» reclamó también el representante de Urcacyl, Leopoldo Quevedo, que insistió en contar con unos seguros agrarios que protejan las explotaciones.