Hace casi 40 años que Castilla y León cuenta con Estatuto de Autonomía y sin embargo sus parlamentarios siguen sin estar profesionalizados. Unos porque no quieren y otros porque no pueden abandonar sus trabajos, la gran mayoría de ellos no tiene dedicación exclusiva y por eso sigue cobrando el decimonónico sistema de dietas, con el que supuestamente se les compensa el esfuerzo que realizan por los ciudadanos.

Son las denominadas oficialmente como "indemnizaciones", que se subdividen en dos tipos. Por un lado, la asistencia a cada sesión de las comisiones, que se paga a razón de 220 euros. Además, la compensación por desplazamiento, que asciende a 0,20 euros por kilómetro. La Comunidad Autónoma de Castilla y León es la más extensa de Europa. Tiene 9 provincias, las distancias entre poblaciones son enormes y no siempre cuenta con las mejores comunicaciones, así que se abona el combustible y algunos parlamentarios regionales gastan muchos depósitos al año.

El resultado es un presupuesto notable que, en el caso de los representantes de la provincia de Burgos, fue al alza durante el ejercicio 2020. Durante todo ese año, y según los datos que ofrecen las Cortes en su apartado de Transparencia, los procuradores burgaleses percibieron 232.943,2 euros en indemnizaciones, lo que supone un 18% más que los poco más de 196.000 gastados en 2018. Una curiosa inflación.

La comparativa se realiza con ese año porque fue el último con una única legislatura, dado que en 2019 se celebraron elecciones, se partió el ejercicio en dos mandatos diferentes y esto siempre puede generar distorsiones.

Dietas aparte, el procurador que más cobra es Luis Tudanca, portavoz del PSOE, que recibe 73.211 euros al año por su dedicación exclusiva y además otros 1.800 euros al mes, también bajo el concepto "indemnizaciones" pero en su caso como una especie de tarifa plana. El resultado final rondaría los 95.000 euros. Tras él se sitúa Ángel Ibáñez, del PP, aunque él lo hace en calidad de consejero de Presidencia con 80.724,80 euros anuales. Además, percibió 7.040 euros por indemnizaciones en el año 2020.

Atendiendo únicamente a las asistencias a sesiones y las compensaciones por desplazamientos, el que más se llevó a lo largo del pasado ejercicio fue José Ignacio Delgado, de Ciudadanos. El exalcalde de Caleruega se embolsó casi 33.500 euros, lo que además le sitúa en el segundo puesto de todas las Cortes, solo superado por la salmantina María Montero (también ‘naranja’). Incluso le podía haber superado su compañera Blanca Delia Negrete, pero esta última pasó a estar liberada en el cuarto trimestre del año y aun así cobró más de 26.100 euros en dietas.

En las filas socialistas el número uno en esta clasificación lo ocupa la mirandesa Virginia Jiménez, con 27.520 euros, seguida del arandino Luis Briones con más de 24.200.

Entre los populares, la que fuera regidora del Condado de Treviño, Inmaculada Ranedo, se lleva la mayor cantidad con casi 25.000, mientras que en las filas de Podemos la única representante morada por la provincia, Laura Domínguez, se queda en poco más de 26.200. No son cantidades para hacerse ricos, pero tampoco nada despreciables teniendo en cuenta que pueden tener otro empleo mientras desarrollan esta labor parlamentaria. Por eso precisamente no tienen dedicación exclusiva.