El próximo 7 de marzo de 2022, todas las empresas de más de 50 trabajadores deberán contar con un plan de igualdad, un conjunto ordenado de medidas que tengan como objeto final alcanzar la semejanza de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, así como eliminar la discriminación por razones de sexo. El Real Decreto 6/2019 obliga a la implantación progresiva de este documento, que finalizará el día anterior a la celebración del 8 de marzo de dentro de dos años, y a día de hoy solo 10 han cumplido.
Las compañías con más de 250 trabajadores están ya obligadas a contar con ello, pero de las 15 que tienen actualmente su domicilio fiscal en la provincia de Burgos, únicamente 9 lo tienen registrado. Si bajamos otro escalafón y nos referimos a las de entre 150 y 250 empleados, de las 16 existentes solo una lo tiene, a pesar de que el plazo para aprobar el plan de igualdad vence el próximo 7 de marzo. Las mercantiles con una plantilla de 100 a 150 trabajadores tienen de margen hasta el 7 de marzo pero de 2021, y de las 17 operativas ninguna ha firmado documento alguno, aunque una sí ha comenzado los trámites necesarios, y que se basan en un diagnóstico de la situación de la plantilla.
Por último, las de 50 y 100 empleados pueden apurar hasta el 7 de marzo de 2022, y de las 109 ninguna se ha puesto manos a la obra. Ello hace que apenas 10, el 6% del total de 157, hayan cumplido con lo que marca la Ley. «Hemos tenido que llevar a algunas empresas a la Inspección de Trabajo porque no estaban cumpliendo», denunció ayer la secretaria de Mujer de CCOO, María del Carmen Noceda Arce.
Suspenso del ente público. Si en cuanto a la implantación de los planes de igualdad la empresa privada suspende, de momento, de manera estrepitosa, parecido panorama se le presenta a la administración pública. De las nueve con más de 50 trabajadores que hay en la provincia, solo el Ayuntamietno de Burgos, la Diputación y la Universidad han aprobado ya uno. Consistorios como Aranda, Miranda, Briviesca, Medina, Valle de Mena o Villarcayo lo tienen aún pendiente, así como la propia Junta. «La primera sanción debería ser por parte de la sociedad» sentenció Ángel Citores, secretario provincial de CCOO.