Antes incluso del inicio de la pandemia las titulares de los tres juzgados de lo social reclamaban un refuerzo para sacar adelante con agilidad el exceso de trabajo que se acumulaba en sus oficinas. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se lo negó. Llegó el coronavirus, el estado de alerta y el confinamiento y todas las alarmas se activaron, pues el cierre temporal de empresas ya presagiaba un aumento de los despidos que repercutiría en la carga de trabajo de los tres órganos que atienen asuntos laborales en la provincia. El tiempo no ha hecho sino confirmar los malos augurios, pues los procedimientos por extinción de contratos en las empresas empiezan atascarse en los tres juzgados, cuya actividad se ha incrementado un 14% en lo que va de año respecto al mismo periodo de 2019. Han llegado 1.518 expedientes, por los 1.331 de hace un año. Lo que no ha llegado es el magistrado de apoyo que volvió a solicitar el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León a finales del mes de mayo.
«Desde que se reactivaron los plazos procesales, la mayor parte de los procedimientos que se están presentando son despidos», reconoce la secretaria coordinadora, Maite de Benito, quien añade que «el aumento se nota, pero aún no es significativo».
Todos los agentes de la Administración de Justicia estiman que la jurisdicción que más carga de trabajo va a soportar a corto plazo a tenor de los primeros datos sobre entrada de asuntos a los juzgados va a ser la de lo social, sin duda. A pesar de que los ERTE se han convertido en la principal herramienta de las empresas para prescindir de personal en esta crisis, los despidos empiezan a llegar.
ya no hay excusas. El colapso es casi seguro en esta jurisdicción si no se toman medidas de refuerzo, tal como reclamó la jueza decana, Blanca Subiñas, en las páginas de este periódico. De hecho, ya hubo un juez de apoyo hasta hace pocas fechas, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió no renovarlo porque no había suficiente carga de trabajo. Ahora ésa no será una buena excusa. Además, a las cifras de nuevos asuntos iniciados hay que añadir más escritos de trámite, sobre procesos que ya están en marcha. Y todo unido a que los juzgados acumulan el retraso de la suspensión de plazos, en el que solo se tramitaron los pleitos que afectan a derechos fundamentales.
Al notable retraso que acumulaban antes de la irrupción de la covid-19, se le suma todo lo que quedaba suspendido y todo lo que se avecina como consecuencia de la crisis sanitaria, principalmente por los ERTE y, sobre todo, los despidos. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acordó en mayo solicitar de urgencia al Consejo General del Poder Judicial la incorporación de un nuevo juez para evitar que el colapso sea el menor posible por la avalancha de pleitos que se prevén.
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