La flexibilización de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ha sido una de las herramientas que ha salvado en parte el destrozo económico que la pandemia ha causado. Tanto patronal como sindicatos han alabado una medida que ha permitido que los niveles de destrucción de empleo no hayan sido ni parecidos a los registrados en la crisis de 2008, cuando los Expedientes de Regulación de Empleo(ERE)volaban como cuchillos. 

El Ejecutivo puso en marcha en marzo de 2020 una herramienta mediante la cual el trabajador cobra la prestación de desempleo que le corresponde al encontrarse su trabajo suspendido por culpa del coronavirus. Pues bien, desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha abonado 173,7 millones de euros en nóminas netas de ERTE entre abril de 2020 y febrero de 2021.La cuantía ha sido proporcional al número de empleados burgaleses inmersos en un expediente: el pico máximo se dio en mayo del año pasado, cuando el Ministerio de Trabajo, a través del Servicio Público de Empleo(SEPE) abonó 33,1 millones de euros en concepto de nómina a todos los trabajadores cuyas empresas recurrieron a esta medida.

La llegada del verano, la relajación de las medidas y la recuperación parcial de la economía provocó hasta noviembre los niveles de ERTE cayeran progresivamente, lo que disminuyó del mismo modo los pagos. En noviembre, mes de inflexión, fueron Trabajo contabilizó pagos por hasta 9,2 millones de euros -contando los iniciales y los arrastrados desde el inicio de la pandemia- hasta alcanzar los 173,7 actuales. En el mes de febrero, último del que el SEPE tiene registros, han sido 7.112 personas las apoyadas salarialmente hablando con un importe de 3,7 millones de euros.

nueva prórroga. Pese a que la vacunación está generando lentamente la inmunidad necesaria que hace ver a lo lejos posibles nuevas complicaciones derivadas del coronavirus, la economía parece que tardará algo más en reactivarse. Es por ello que Gobierno, patronal y sindicatos han suscrito hace unas semanas la prórroga de los ERTE derivados del covid-19 hasta el 30 de septiembre.

Según los últimos datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, a inicios de junio había en la provincia de Burgos hasta 3.735 empleados dentro de un Expediente de Regulación de Empleo, de los cuales 1.237 son hombres y 2.216 mujeres. La mayoría (2.544) están en un proceso de suspensión total de sus puestos mientras que 909 se encuentran en una situación de suspensión parcial.

A nivel nacional, la Seguridad Social registró 542.142 trabajadores protegidos por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo a 31 de mayo, según los datos provisionales recogidos por el organismo. El número se sitúa, de esta forma, en el nivel más bajo desde el inicio de la pandemia hace algo más de un año. Estos instrumentos, diseñados para ayudar a las empresas y proteger el empleo, contabilizaron hasta 3,6 millones de trabajadores en mayo de 2020, lo que significa que ya se han activado cerca del 85% del total.