Está a punto de cumplirse un año y cuatro meses de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el denominado caso Aranda, sobre la que pesan varios recursos ante el Tribunal Supremo de las distintas partes, pero este último órgano judicial acumula tal atasco de asuntos que no se espera que el caso pueda poner en breve su punto y final. En el ámbito judicial se estima que hasta bien entrado el año 2022 no habrá un pronunciamiento del Supremo sobre estos recursos.

Una estimación de plazos que comparte el abogado de la Asociación Clara Campoamor en este asunto. «Por ahí lo calculaba yo, porque al estar en libertad la tramitación no es preferente, con lo cual suele tardar dos o tres años», apunta Luis Antonio Calvo, que incluso no descarta que se alarguen los plazos hasta 2023. «No está señalada ni votación ni fallo», reconoce Calvo, que deja la puerta abierta a que «salga antes porque la ponente, por la razón que sea, decida sacarlo antes» pero sin muchas esperanzas. 

Este letrado de la acusación popular califica como «una vergüenza que un tribunal tarde tanto en dictar una sentencia en la que, conforme yo confío, les van a caer un montón de años de cárcel». 

En esa misma línea de crítica directa se manifiesta el padre de la víctima, José Miguel Zayas. «Es lamentable, vergonzoso, inhumano, en noviembre hizo tres años, va para cuatro», contabiliza el tiempo que lleva su familia sufriendo esta situación y esperando una condena por parte de la Justicia, en la que ya ha perdido la fe. «No hay más que ver las noticias todos los días», dice con amargura y reitera que «estamos en una situación en la que deberían estar en la cárcel desde el primer día hasta el último pero no, están libres, libres, haciendo lo que les da la gana (...)».

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