Marino Barbero, Pablo Llarena, Pablo Ruz, Baltasar Garzón, José Castro, Enrique López, Concepción Espejel, Eloy Velasco, José de la Mata, Manuel Marchena... Estos son algunos de los nombres de jueces que se han convertido, en mayor o menor medida, en personajes mediáticos, tanto por los casos que instruían como por sus personalidades y modos de actuar.
Este 2020 es el año sin duda de Manuel García Castellón, el magistrado que pilota principalmente tres casos que quedarán vistos para sentencia este año: Lezo, Púnica y Villarejo.
Solo este último, también conocido como sumario de la operación Tándem, acumula más de 20 piezas separadas; la trama Púnica otras 11; el caso Lezo, un total de ocho más, etcétera. Por otro lado, la investigación a los CDR está compuesta por varias diligencias previas y diversas piezas separadas que por sí solas podría ser varias macrocausas independientes.
Después de consultar a varios magistrados y abogados del Estado, todos coinciden en señalar que no responde al perfil de lo que se ha venido conociendo como un juez estrella, que es lo que en teoría le correspondería.
De hecho, siempre que ha tenido ocasión, ha declarado que le horroriza y le espanta salir en los papeles: «Un juez debe realizar su trabajo sin tener que ser noticia permanente». Jamás ha salido en una entrevista en los medios y lo más curioso es que fotos suyas en internet hay muy pocas.
Resulta increíble ver cómo, aparte de los macrosumarios anteriormente citados, instruye alrededor de 180 causas, destacando la de las irregularidades de la empresa pública Aquamed y el de los CDR acusados de preparar un atentado en Barcelona el día en que saliera publicada la sentencia del procés.
También le corresponde investigar causas de narcotráfico por la incautación de alijos de miles de kilos de cocaína, el sumario sobre la relación entre ETA y las FARC, el del denominado Madoff catalán, Antonio Mas Samora, y alrededor de una quincena de pesquisas sobre yihadismo.
Menos mal que el pasado 1 de enero, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó reforzar el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, que es el que dirige García-Castellón. Así, se decidió que el magistrado Joaquín Gadea, magistrado de Adscripción Territorial (JAD) destinado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sea su juez de apoyo, y mantiene como refuerzo a Alejandro Abascal.
Muy poco se sabe de la vida de un personaje que conduce los casos más importantes por fallar, si acaso su pertenencia a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El hermetismo es total. Nació un 16 de octubre de 1952 en Valladolid. Sus padres, ambos fallecidos, tuvieron cuatro hijos y él es el mayor. De su progenitor se sabe que fue ingeniero agrónomo y funcionario del Ministerio de Agricultura durante años destinado en la Delegación Provincial en Valladolid.
Licenciado en Derecho en la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera judicial con 29 años, situándose en el tramo bajo de los opositores que aprobaron. Por eso le tocó como primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marquina (Vizcaya). Le siguieron Castrogeriz (Burgos), Puebla de Sanabria (Zamora), Medina del Campo (Valladolid), Baleares y Valladolid, donde fue decano de los Juzgados en 1993. Allí instruyó los casos de violación y asesinato de la niña de Villalón de Campos Olga Sangrador y del llamado violador del ascensor que supuso el asesinato de la joven Leticia Lebrato.
Hace 27 años se fue a la Audiencia Nacional. Su primer destino fue sustituir a Baltasar Garzón, que accedía al Congreso. Hasta 2000 dirigió casos de terrorismo, como el atentado de ETA contra Aznar, el asesinato de Miguel Ángel Blanco o la querella de la Fiscalía contra Mario Conde por el caso Banesto.
lucha contra eta. En 2000, Aznar le nombra magistrado de enlace ante las correspondientes autoridades de Francia, donde coincide con una etapa de plena colaboración con la judicatura gala en la lucha contra ETA. Con él se incrementó notablemente el número de extradiciones de presos de la banda asesina y Grapo. En 2006, le fue concedida la medalla de Caballero de la Legión de Honor. Seis años más tarde se marcha a Roma con la misma misión, a la que se suma la de, ocasionalmente, Secretario de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. En 2017, con Rafael Catalá de ministro de Justicia, vuelve a la Audiencia Nacional, donde ganará menos que en Italia y con mucha mayor carga de trabajo. Un misterio en un hombre que ya tenía 65 años.