Como ya hiciera en su declaración durante la primera jornada del juicio, el expresidente de la Caja de Burgos, José María Arribas, insistió en su alegato final en que todos los créditos que le concedió la entidad entre 2005 y 2010 ni le enriquecieron, ni generaron la crisis que derivó en la fusión de Banca Cívica y posteriormente la absorción por parte de Caixabank.Es más, en la última jornada de la vista oral celebrada ayer en el Juzgado de lo Penal número 1 aseguró que «siempre defendí los intereses de la Caja por encima de los míos», y puso como ejemplo el músculo financiero con el que cuenta actualmente la Fundación. Asimismo, advirtió que de los 22 millones de euros -la Fiscalía los cifra en 35- de los que dispuso gracias a las operaciones, ha devuelto prácticamente su totalidad.

Las palabras de Arribas no fueron más que el resumen del escrito final que previamente había expuesto su defensa, la cual acusó a la Fiscalía de actuar con escaso «rigor jurídico y económico». Y es que en la última sesión del juicio aportó la declaración de un perito, el economista y auditor Mario Alonso, que estudió con detalle todas y cada una de las operaciones financieras para tratar de demostrar que todas ellas se habían desarrollado sin irregularidades. En su declaración afirmó que los préstamos concedidos por Caja de Burgos a Indasa y a Industrias Basati durante casi un lustro pasaron hasta cinco filtros antes de su aprobación definitiva. «Los análisis eran concienzudos. Muestran cómo la situación de la empresa en cuestión de ratios era sostenible y cumplía con los requisitos.

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