Acostumbrados a enfrentarse a las peores epidemias en los lugares más vulnerables del mundo, los técnicos de Médicos Sin Fronteras (MSF) experimentaron una sensación muy extraña cuando les tocó echar una mano en España en marzo, abril y mayo de 2020, el momento en el que la covid explotó, confinó a toda la población y se cebó de una forma inhumana con las personas mayores que vivían en los geriátricos. La provincia de Burgos no fue una excepción y hasta aquí llegó la ONG a ayudar. Hasta 30 residencias se beneficiaron de su apoyo de forma presencial durante tres semanas entre los meses de abril y mayo, y algunas más a través de una herramienta virtual que permitía evaluar la situación del centro y establecer pautas útiles para trabajadores y residentes respecto a la mejora de los circuitos de las instalaciones para minimizar el riesgo de contaminación cruzada.
Así lo explica Alberto Jodra, que coordinó el apoyo prestado por MSF a las residencias de ancianos en Castilla y León durante la emergencia: «Burgos fue donde hicimos la primera formación de grupo, en la que participaron casi todos los gestores de residencias, además de personal de Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja y de las gerencias de Servicios Sociales y de Atención Primaria y también una de las primeras provincias de Castilla y León en la que desplegamos equipos». Aquí la ONG tiene en toda la provincia 3.483 socios de los que 2.202 son de la capital. En Castilla y León, la cifra asciende a 22.590.
La organización contactó con las delegaciones territoriales de cada provincia para que exploraran la posibilidad de lo que denomina «acompañamiento» y Jodra afirma que en Burgos respondieron enseguida de forma afirmativa: «Y no solo desde la Junta. También la Diputación, que gestiona varias residencias, solicitó la presencia de nuestros equipos. La colaboración a nivel institucional fue muy buena y, como ya he dicho, pudimos lanzar allí la primera de las formaciones colectivas que después replicamos en otras provincias».
Jodra explica que lo que se encontraron en las residencias burgalesas fue muy similar a lo que ocurrió en otras provincias: «Los principales problemas estaban en el desconocimiento sobre lo que se debía hacer y en la falta de coordinación efectiva entre las instituciones responsables y también en los propios centros, fuesen públicos, privados o concertados. Nada diferente a lo que se pudo ver esos meses en el resto del país».
El panorama que narra este experto con más de 20 años de trabajo a sus espaldas en zonas como Níger, Sudán, Mozambique, Etiopía, Ecuador, Haití, Colombia, Zimbabue, Chad, Congo o Sudán del Sur, es dantesco: «Un personal desbordado por la carga de trabajo, el temor a equivocarse, el miedo a contagiarse y el dolor por lo que estaba viendo: residentes que enfermaban y morían sin poder hacer nada por ellos y sin percibir que nadie más fuese a echarles una mano. Estaban solos frente a una situación horrible».
«Confundidos». Recuerda que los responsables de los centros hacían lo posible para responder a esta «situación catastrófica» pero carecían de pautas o las que tenían cambiaban de un día para otro en función de las instrucciones que recibían de las autoridades «o de las informaciones que ellos mismos buscaban donde podían». Los gerentes y técnicos de las instituciones, por su parte, «se mostraban confundidos y frustrados porque sabían mejor que nadie que estaban fallándole a los centros y a los residentes pero no sabían como reaccionar».
Alberto Jodra, que participó en la elaboración del informe que MSF dedicó a esta intervención en España, titulado Poco, tarde y mal: El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España y publicado ahora justo hace un año, hace una crítica frontal a cómo la estructura territorial y política española no ayudó en nada en esta crisis, sino todo lo contrario: «Una cadena decisional tan compartimentada como la que tenemos en España y en las comunidades autónomas no ayuda si no estableces mecanismos de simplificación que resuelvan los cuellos de botella, las indecisiones y las fricciones políticas e institucionales cuando hace falta. Al final de esa cadena, el territorio más próximo al ciudadano, es decir, los ayuntamientos y las administraciones provinciales, son las que más sufren. Y el resultado de todo este caos fue no solo la muerte de muchas personas que se podrían haber salvado, sino que las medidas tomadas en muchos casos provocaron que esas muertes se produjesen en condiciones indignas».
Los equipos que MSF desplegó en España fueron reducidos porque su trabajo se desarrolla en otros países pero se encontraron con la solidaridad de muchos compañeros que se ofrecieron a colaborar durante sus vacaciones, de otros que ya no forman parte activamente de la organización e incluso de gente empleada en la sanidad pública o privada y que a pesar de toda la carga de trabajo colaboraba en sus días libres.
En Burgos, el equipo sobre el terreno estuvo compuesto por un técnico sanitario y otro en control de infecciones, responsables ambos de acudir a los centros, evaluar sus necesidades, sugerir las pautas y los protocolos más indicados y formar al personal en la utilización de los materiales de protección, el respeto a los circuitos y el control de las vías de contaminación: «Pero su labor se extendía al apoyo emocional. Lo primero que se encontraban era la necesidad que tenían los trabajadores y los directores de expresarse, de llorar, de compartir con alguien de afuera sus miedos y sus frustraciones. Después se podía construir algo, pero lo primero de todo era aliviar su carga emocional», concluye.