Si en un país democrático y ciertamente arraigado en el llamado ‘primer mundo’ como es España la crisis sanitaria va a incidir en las desigualdades sociales y generar unas nuevas carencias a muchas personas, no es difícil imaginar cómo afectarán los tiempos que corren en territorios donde se vive un conflicto continuo, donde las diferencias entre ricos y pobres son abismales y donde pensar diferente a los gobernantes o salirte lo más mínimo de la línea marcada está tan penado que se llega a atentar contra los derechos humanos. La pandemia y el cierre de fronteras va a afectar en un goteo constante de ciudadanos que llegaban a este país, y más concretamente a Burgos, en busca de una vida mejor. Las peticiones de asilo y protección internacional en la provincia marcaron un considerable repunte el año pasado, duplicándose con respecto a 2018. Sin embargo, todo indica a que el futuro más inmediato será diferente.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2019 solicitaron asilo en Burgos 374 ciudadanos llegados de distintas partes del mundo. Fueron 223 más que el año anterior, lo que supone un aumento de aproximadamente el 150%. La mayoría de los solicitantes procedían de lugares comoVenezuela, inmersa en un conflicto político constante desde hace años, Colombia, Honduras y países del este de Europa y del norte de África. «Son personas que huyen de sus orígenes porque hay una vulneración clara de los derechos humanos», señala Olga Aguilar, presidenta de la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones (Accem).
Las razones de su huida son varias. En ocasiones no se respeta su libertad religiosa, su ideología política, su condición sexual, etc. «Son personas cuya vida corre peligro en su país de origen, por ejemplo porque existe un conflicto bélico, como es el caso de los que emigran desde Siria», concreta Aguilar. En todos estos casos, la intervención de asociaciones como Accem es clave: «Les brindamos una atención especial. Proporcionamos alojamiento, manutención, escolarización, acompañamiento sanitario o formación en el idioma en el caso de los que no son hispanohablantes».
El objetivo de este colectivo y de otros como Burgos Acoge es facilitar unas habilidades a estas personas migrantes para su adaptación a las costumbres y la incorporación al mercado laboral. En ocasiones, cuentan con ayudas de financiación facilitadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, aunque también es esencial el apoyo de la Diputación, el Ayuntamiento de Burgos y la Junta de Castilla y León. «Es muy importante el trabajo en red que hacemos a través de la plataforma del tercer sector y de las entidades específicas de inmigración», subraya la presidenta de Accem.
Una nueva realidad. La fotografía antes y después de la covid-19 va a ser muy distinta. Esto lo tienen muy claro en las asociaciones de ayuda a estas personas. «Las situaciones de vulnerabilidad van a crecer», augura Olga Aguilar. «Nos espera un proceso de acompañamiento muy intenso a partir de ahora. A nivel cuantitativo las fronteras han estado cerradas y son meses en los que la entrada se ha quedado suspendida por el estado de alarma y esto va a tener una repercusión clara porque va a haber menos movimiento», completa.
Será interesante también ver cómo las ONG, junto con las instituciones públicas, van a diseñar esta nueva estrategia post pandemia para dar respuesta a las sociedades de los ciudadanos de origen extranjero. Cabe resaltar que el Ayuntamiento puso en marcha una mesa de refugiados en la que se pretendía aunar sinergias en este sentido. En los próximos años se puede convertir en un elemento clave para que la situación que se avecina tenga el menor impacto.