El director del Comisionado frente al Reto Demográfico del Ministerio de Política Territorial, Ignacio Molina de la Torre, fue ayer muy claro con el futuro demográfico que espera a Castilla y León, de continuar por el mismo camino y con las mismas políticas que hasta ahora. La comunidad que más población pierde después de Asturias «no ha hecho nada» contra la despoblación, a juicio de este experto que participó en el Curso de Verano de la Universidad de Burgos sobre La despoblación. El mundo rural en el siglo XXI.
Molina destacó como en 2008, el gobierno castellanoleonés elaboró un documento para luchar contra la despoblación que se ha quedado «en el cajón» y en 2013 perfiló las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio (UBOST), que finalmente no se han puesto en práctica. El doctor en Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Valladolid, aseguró que «no ha existido peor mapa de ordenación del territorio en todo el planeta» que el de Castilla y León y destacó que su elaboración fue fruto de una «reacción defensiva al anuncio del Ministerio de Hacienda de que se iban a eliminar los municipios de menos de 5.000 habitantes».
En «Castilla y León no es que no funcione la ordenación del territorio, es que no se ha hecho nada», sentenció el ponente, quien pintó oscuro el panorama, porque «es muy difícil luchar contra la despoblación cuando políticamente da beneficios». Molina de la Torre puso como ejemplo que se utilizan demagógicamente el aumento de la renta per capita de Castilla y León, que es fruto de la despoblación, al igual que los datos de población ocupada, fruto de la escasa cantidad de personas en edad de trabajar que continúan en esta tierra.
retraso. En diciembre de 2017 debía de haber estado redactada la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, pero el documento sigue pendiente de ser aprobado por la Conferencia de Presidentes del gobierno central y de las autonomías. El director del comisionado confía en que se aprobará pero, en su opinión, su efectividad será diferente en función de las políticas de las diferentes autonomías.
Lo que si aprobó el Gobierno central fueron las directrices de la estrategia y sus principales objetivos. El general «es sentar las bases de un proyecto de país que garantice igualdad de oportunidades y el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio». Los siete transversales pasan por el acceso a internet para todo el territorio o asegurar la prestación de servicios, es decir, tener colegios con profesores y centros de salud con médicos. Incorporar el impacto demográfico a todas las políticas, como ya se hace con el impacto medioambiental, es otra de las propuestas, así como la simplificación normativa y administrativa. Eliminar estereotipos y «alejar la idea de que vivir en el pueblo es de fracasados», como señaló el ponente es otra tarea pendiente. «En Francia es un éxito, porque tienen otra cultura», añadió.
El experto admitió que con «medidas urgentes pero con visión a largo plazo, serán necesarios 20 años para notar cambios» en España, donde en esta década 6.500 de sus 8.100 municipios han perdido población, incluidas 35 capitales. Auguró que las soluciones pasan por muchos cambios normativos en la Ley de Régimen Local o la de Haciendas Locales, entre otras, porque «hay que establecer medidas para no castigar fiscalmente a los que pierden población», como sucede ahora a los municipios que por bajar de 5.000 ó 20.000 habitantes pierden sus vías de financiación europea, estatal o regional.