La protección de las dos plantas superiores del edificio Campo no genera, de momento, marejada política en el seno del Ayuntamiento de Burgos. Y, teniendo en cuenta el ambiente habitualmente tenso que padece la Casa Consistorial, eso un primer paso importante.
Ninguno de los grupos municipales consultados por este periódico se opone de entrada a que este inmueble, polémico desde su construcción pero considerado ahora un ejemplo valioso del Movimiento Moderno de mediados del siglo XX, pueda conservar su integridad y pase a estar en el catálogo de elementos protegidos de la ciudad. La decisión, por tanto, queda en manos de los informes técnicos que se emitan a raíz de la solicitud formulada hace unos días por los propietarios, que plantean modificar el Plan General de Ordenación Urbana para garantizarse la conservación íntegra de todo el inmueble.
Los dueños del edificio Campo alegan en su solicitud el valor arquitectónico, apoyándose en tres informes: de la Fundación Docomomo Ibérico para la conservación del Movimiento Moderno, de la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León y de Icomos que, hace ya varios años, certificaron su importancia como uno de los primeros ejemplos de muro cortina que se construyeron en España (fue 1965, firmado por el arquitecto burgalés Marcos Rico).
La protección, por tanto, parece estar bastante fundamentada. Otra cuestión será, como advierten fuentes municipales, que esa conservación de las dos plantas superiores, que llegaron a estar amenazadas de derribo cuando el Ayuntamiento las declaró como «disconformes con el planeamiento», pueda rentabilizarse como aprovechamiento urbanístico para uso residencial.
Ahí está la segunda gran incógnita del proceso de protección emprendido por los dueños. Es evidente que si esas plantas 'sobrantes' no pueden tener aprovechamiento y siguen condenadas a permanecer vacías, con meras labores de conservación, el edificio tiene menos interés comercial. En concreto, se perderían alrededor de 400 metros cuadrados.
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