La consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se mostró convencida de que podrá resolverse “sin mayor conflicto” el requerimiento efectuado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la modificación de la regulación de las denominaciones geográficas de calidad alimentaria de la Comunidad, por entender que favorece de forma injustificada a los conejos reguladores de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas protegidas.

La Junta dispone de un plazo de un mes para derogar la medida restrictiva, aunque Marcos aseveró que se darán “las explicaciones pertinentes”. La consejera explicó que el Ejecutivo autonómico dispone de informes de la Comisión Europea y de todos los órganos públicos y consultivos, e insistió en que Castilla y León apuesta por productos “de extrema calidad”, lo que lleva a plantear que incluso las empresas “pequeñitas” tienen que tener “la garantía de financiar ese control de calidad”.

Sin embargo, Marcos apostilló, en declaraciones recogidas por Ical, que para llevar a cabo ese control “no debe ser el supervisado quien elija al supervisor” sino que se establece que pueda haber un órgano de control, como son los consejos reguladores, quienes “con el mismo criterio que controlan los productos que están bajo su amparo” puedan llevar a cabo ese control “con garantía de calidad y apoyado desde la administración autonómica”, declaró.