No es una cuestión novedosa, que se haya lanzado a la palestra informativa en pleno mes de agosto ante la falta de actividad política, sino que su trayectoria viene de largo, y parece, ante el revuelo causado, que va para mucho más que un cotilleo de verano. Esta misma semana, el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha rescatado de nuevo la propuesta gravar con un peaje «simbólico» la circulación de turismos, autobuses y camiones por las autovías de titularidad estatal, hasta la fecha completamente gratuitas. Aunque no se han dado cifras de manera oficial, sí que se ha deslizado que la tasa podría variar entre los tipos de vehículos, la proximidad de los usuarios a las vías (los particulares que las emplean de manera habitual podrían pagar menos que los transportistas), siendo el pago por cada kilómetro recorrido de entre 2 y 3 céntimos.

La medida tendría una gran repercusión en la provincia de Burgos, por donde discurren hasta cuatro tramos de este tipo de vías de carácter estatal. La más importante es la A-1 y la liberalizada AP-1, entre la localidad ribereña de Pardilla (límite con Segovia) y Condado de Treviño (límite con Álava). Recorrer los 181 kilómetros que separan estos municipios tendría un coste aproximado de 4,5 euros, mientras que el tramo de la A-62 entre la capital y Villodrígo, en el límite con Palencia, supondría un desembolso de 1,4 euros. Mucho menor sería el pago por circular en el único tramo abierto de la A-73, entre Burgos y Quitanaortuño, 13,7 kilómetros que valdrían apenas 0,34 euros, un céntimo menos que el coste de completar la ronda sur de Aranda de Duero, conocida como A-11, con 14 kilómetros. El mantenimiento de todas las autovías en el país se eleva hasta los 1.100 millones anuales.

Dentro de la posible medida del Ejecutivo, que ya está instaurada en otros países de la UniónEuropea, no se incluirían autovías de titularidad autonómica, como el caso de la A-231 entre Burgos con León, ya que está gestionada por la Junta, que se mostró ayer en contra de la medida.