El Parque Tecnológico acumulará un nuevo retraso. Y ya van... Las obras que Tragsa, a instancias de la Junta, reinició a mediados de marzo llevan paradas más de dos meses después del recurso presentado por la Cámara de Contratistas contra la adjudicación de los trabajos a la empresa pública. El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) ha resuelto hace unos días anular el encargo a Tragsa y el Gobierno regional ha decidido que no presentará recurso contencioso administrativo para agilizar el proceso y que convocará un nuevo concurso público para actualizar el proyecto y licitar las obras. En resumen, el Parque Tecnológico no verá la luz en 2021.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 17 de enero el encargo a Tragsa de retomar y culminar las obras restantes del Parque Tecnológico, paralizadas desde 2011. Mes y medio después, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, acompañada de autoridades de la ciudad de Burgos y de Cardeñajimeno, firmó con los responsables de la empresa pública el acta de replanteo que marcaba el arranque de los plazos de ejecución de los trabajos con el objetivo de que la infraestructura estuviera operativa dentro de dos años. Durante este periodo se debían terminar de urbanizar 63 hectáreas de suelo industrial y tecnológico y ejecutar los nuevos accesos, una actuación que iba a suponer otros 17,6 millones de euros a la Administración autonómica.

Las obras se reanudaron al ralentí el pasado 11 de marzo, pero poco duraron en el Parque Tecnológico las dos máquinas (una motoniveladora y una retrocargadora) y la media docena de operarios que, como se reflejó en las páginas de este periódico el pasado 12 de marzo, empezaron a trabajar sobre el terreno en labores de limpieza y de acondicionamiento.

Recurso contra el encargo. A finales de marzo, la Cámara de Contratistas, organismo que forma parte de la Confederación Nacional de la Construcción, presentó un recurso contra el encargo de las obras a Tragsa por considerar que este cometido no estaba dentro del objeto social de la empresa pública, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La Junta de Castilla y León había apostado por esta fórmula, como explicó Pilar del Olmo el pasado mes de enero a este periódico, para «reducir sustancialmente los plazos de tramitación frente a los tiempos requeridos en otros procedimientos de contratación pública».

El cronograma que manejaba la Administración regional contemplaba que este año se ejecutaran obras por valor de 6,2 millones de euros, que el próximo ejercicio la cuantía alcanzara los 10,2 y que en 2021 se realizara un desembolso de 1,1 millones. En total, una inversión de 17,6 millones para habilitar 110 parcelas (106 de uso tecnológico y cuatro reservadas para servicios). Pero los tiempos previstos se fueron al traste con el citado recurso interpuesto por la Cámara de Contratistas.

Los trabajos que se habían reiniciado a mediados de marzo, tras siete años en punto muerto, se paralizaron de inmediato, a la espera del dictamen del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), que el pasado 30 de mayo, hace apenas una semana, resolvió dar la razón a la Cámara de Contratistas y anular el encargo de la Junta a Tragsa.

Ante esta resolución cabe recurso contencioso administrativo, una vía que contemplan -aunque aún no lo han presentado todavía- los servicios jurídicos de Tragsa, según fuentes cercanas a la empresa pública, pero que ha desechado la Administración regional, que estima que mediante este camino se podría demorar el proceso «otros dos o tres años». Y el Parque Tecnológico, contratiempo tras contratiempo, lleva prácticamente paralizado desde 2011, cuando la adjudicataria de la obra, Isolux Corsán, entró en concurso de acreedores y la empresa Travis (que compró Isolux) no reunía los requisitos necesarios para poder retomar los trabajos pendientes.

Nueva licitación de las obras. Desde el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), organismo dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda y encargado de la dirección de la obra, su director general, José María Ribot, indicó ayer que tras anular el encargo a Tragsa se actualizará el proyecto existente y se volverán a licitar los trabajos, iniciando un nuevo proceso de contratación pública, lo que impedirá que el Parque Tecnológico vea la luz en 2021, como estaba previsto.

Es la enésima demora de un proyecto que, en numerosas ocasiones, fuentes de la Junta de Castilla y León han considerado «prioritario» para dar respuesta a la demanda de suelo industrial y ajustarse, además, a las necesidades del sector tecnológico. Sin embargo, el Parque Tecnológico sigue sin operarios, ni máquinas, abandonado...