La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, consideró ayer «inaceptable y totalmente injusto» el recorte de 58 millones de euros para los servicios sociales de la Comunidad, previsto por el Gobierno central en el fondo extraordinario no reembolsable. De ahí que la Junta haya pedido una «rectificación « en una carta enviada al vicepresidente y ministro de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Durante una comparecencia en los medios para presentar la futura Ley del Tercer Sector, Blanco lamentó que los mil millones, inicialmente comprometidos por el Gobierno para el conjunto del país, para paliar los efectos de la pandemia de la covid-19 en los servicios sociales han desaparecido «de golpe» después de los cambios de criterios anunciados por el presidente Sánchez. 

«De ser un fondo destinado para los servicios sociales y sanidad, se ha vuelto a olvidar de los primeros. Sánchez habla de las personas mayores, la conciliación y la reducción de la brecha salarial para no dejar nadie atrás pero, en el momento de la verdad, se olvida de los más vulnerables. Queremos que cumpla su palabra», subrayó la consejera.

Isabel Blanco reclamó una «rectificación» al Ejecutivo central para se añadan los mil millones para servicios sociales, de los que 58 corresponden a Castilla y León. No en vano, precisó que la Comunidad cree en los servicios sociales y atiende a las personas más vulnerables y más necesitadas. De momento, la consejera anunció que su departamento deberá «reformular» algunas actuaciones que estaban previstas cubrir con ese fondo como la adquisición de material de protección para hacer frente a un posible rebrote de la pandemia en otoño.

También el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió ayer en que el nuevo reparto del fondo extraordinario no reembolsable es un «castigo injustificado» porque penalizará, a su juicio, a las autonomías que más han sufrido la pandemia y dificulta la lucha contra el reto demográfico en el futuro y el mantenimiento de los servicios en el territorio.

Ley del tercer sector

Por otro lado, la consejera anunció que la ley del Tercer Sector Social de Castilla y León se aprobará antes de finalizar el año, una vez que ahora empieza su tramitación administrativa, con un «reconocimiento» del voluntariado como parte integrante del sistema, según informa Ical. Además, el texto del anteproyecto de ley dota de cobertura jurídica a las organizaciones de este ámbito e  incluye un plan estratégico para el «impulso» y la «promoción» de estas entidades, con una mención expresa a favorecer el mecenazgo y el patrocinio.

Blanco quiso destacar la labor de los voluntarios en un momento como el actual, en que se ha comprobado su colaboración, hasta el punto de convertirse en «relevante» dentro de las organizaciones.