Las últimas agresiones a agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han exacerbado los ánimos de unos funcionarios que la semana pasada pedían en las páginas de este periódico endurecer la ley o aplicarla los tipos penales en sus límites superiores. El fiscal jefe de Burgos, José Fernández, advierte de que el Ministerio Público ha de regirse, y lo hace, «por el principio de legalidad», no puede solicitar condenas que no estén presentes en Código Penal. En este sentido, explica que cuando un agente sufre una agresión «casi automáticamente se califica el hecho como un delito de atentado, que conlleva penas de prisión entre los seis meses y los tres años».
Preguntado sobre por qué suelen pedirse penas en los límites inferiores de esa horquilla, Fernández argumenta que «hay unos atenuantes que hay que aplicar, tales como el estado de embriaguez, la drogadicción o la reparación del daño». «Están tasados y, si concurren, hay que tenerlos en cuenta; si concurren agravantes, como la reincidencia u otras circunstancias, se imponen los límites máximos», afirma, para subrayar que los fiscales están «a lo que diga la Ley».
Otra cosa es que en estos momentos pueda existir «un sentir general» de que hay que endurecer la Ley, algo que «solo puede hacer el legislador». En este sentido, indica que «para aplicar los tipos penales en sus límites más altos habrá de cambiarse la ley en el sentido de suprimir atenuantes que ahora sí contempla la legislación». Por tanto, Fernández no considera que la Justicia esté siendo blanda con quienes agreden o se resisten a la Policía Nacional, Guardia Civil o cuerpos municipales. Y, además, asegura que no hay ninguna indicación, ni de la Fiscalía General del Estado ni de la de Castilla y León de aplicar la Ley con más o menos dureza, cada fiscal de Burgos «lo hace con total independencia y autonomía».
Hace unas semanas una respuesta del Gobierno central a una pregunta parlamentaria ha revelado que el número de agresiones que padecen policías y guardias civiles va en aumento. Y en Burgos, especialmente.
Los números en esta provincia son de preocupar porque mientras en 2015 se registraron 55 ataques a miembros de la Comisaría -Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro- en el pasado ejercicio se alcanzaron las 80, lo que representa un aumento porcentual del 45%. Y en 2019 se produjeron 89.
En el caso de los guardias civiles se ha pasado de seis en 2015 a 13 en 2020 -más del doble- con un pico en 2019 de 15 ataques, según la misma contestación.