Casi en tiempo récord, en apenas 96 horas, el 11 de enero de 2002 se construyeron un centenar de celdas en la que actualmente es la prisión de máxima seguridad de la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, para albergar a los primeros presos enviados desde Afganistán. Ahora, 20 años después, los 39 reclusos continúan a merced de posibles abusos y no hay juicio a la vista para muchos de ellos, contra los que ni siquiera se han presentado cargos. 

En concreto, de los 39 hombres retenidos, 27 de ellos están presos sin que se hayan presentado cargos penales. En el caso de los cinco sospechosos de los atentados del 11-S encarcelados, los procedimientos tienen tantas deficiencias que ninguno de ellos ha llegado a sentarse en el banquillo. Entre los acusados está Jalid Sheij Mohamed, supuesto cerebro de los ataques de 2001, que ha vivido 10 años de audiencias preliminares para un juicio que no comienza.

En el otro extremo, los reclusos «de bajo valor» son 12. Todos ellos han recibido la luz verde para su traslado, algunos hace años, como Tawfiq al Bihani, un yemení detenido en Irán en 2001 cuya repatriación se recomendó en 2010. La oposición en el Congreso, la inercia burocrática y el rechazo de otros países a acogerlo han impedido su salida de Guantánamo.

La prisión ha albergado en total a 780 ciudadanos de terceros países, incluidos menores de edad, de los que el 55 por ciento no cometieron ningún tipo de acción hostil contra EEUU o sus aliados. Del total, solo se ha presentado cargos contra 12 y solo dos han sido condenados en juicios militares.

En estas dos décadas, las instalaciones han mejorado. De las 100 celdas de aislamiento y cinco salas de interrogatorio sin ventanas se ha pasado a bloques de cuartos con neveras y despensas comunes. Eso sí, en este tiempo han muerto nueve internos, siete de ellos en aparentes casos de suicidio. Es el caso de Yasir Talal al Zahrani, un saudí capturado en 2002 en Afganistán que apareció muerto en su celda cuatro años después. Su familia insiste en que no se quitó la vida.

Recientemente, el Gobierno de Joe Biden apuntó que persiste el plan de cerrar Guantánamo, un proyecto que se ha alargado, sin éxito, durante los últimos años. De hecho, tres de los cuatro últimos inquilinos de la Casa Blanca han declarado abiertamente su intención de clausurar estas instalaciones, con la excepción de Donald Trump, pero las trabas de la oposición en el Congreso y la falta de voluntad clara por su alto coste político han impedido que cumplieran sus promesas.

Sin embargo, el centro corre el riesgo de convertirse en un geriátrico muy rudimentario en pleno Caribe y son cada vez más las muertes por causas naturales. El Pentágono ha solicitado 88 millones de dólares para construir un hospital para enfermos terminales.

Réplicas por el mundo

Organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch criticaron ayer un aniversario «que no debería haberse alcanzado» y alertaron de que la propia existencia de la prisión deslegitima a Estados Unidos.

Además, aliados de EEUU como Irak, Nigeria, Egipto o las fuerzas del noreste de Siria «han replicado el modelo Guantánamo» con miles de detenidos en condiciones lamentables por presuntos delitos de terrorismo sin cargos ni juicio. Entre los detenidos hay miembros de la sociedad civil, familiares de sospechosos y menores de edad víctimas ellos mismos de los grupos armados.