El Defensor del Pueblo considera que no basta con que el Ayuntamiento haya puesto en marcha un protocolo para no cobrar el impuesto de plusvalías a los vecinos que demuestren haber perdido dinero en la venta de su propiedad. La institución recomienda al Consistorio que modifique la ordenanza fiscal 503 que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a fin de reflejar «la suspensión del cobro de las liquidaciones a aquellos sujetos pasivos que aporten prueba de no haber obtenido un incremento en la transmisión.  

El concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, asegura que todas «las plusvalías que se han producido desde junio de 2017 no se están cobrando a quienes demuestran que han vendido su inmueble por debajo del precio de coste». Y advierte de que «no hay que cambiar la ordenanza, porque la Ley, que está por encima y la dictó el Tribunal Constitucional, ya lo dice». Lo cierto es que la decisión del Consistorio de ‘perdonar’ el impuesto a los burgaleses que han vendido con pérdidas se ha producido a primeros de este mismo año.  De hecho, a finales del pasado mes de febrero el Ayuntamiento acumulaba casi 900 casos sin resolver.

Es verdad que el Defensor del Pueblo no impone a la ciudad que cambie la norma, solo lo aconseja, pero lo hace con el fin de que Tribunal Económico Administrativo tenga un criterio normativo local en que basarse para actuar siempre bajo la misma pauta. Y lo cierto es que se trata solamente de poner negro sobre blanco en una norma lo que ya está haciendo el Consistorio en la práctica.

El Tribunal Constitucional dictó una sentencia el 11 de mayo de 2017 en la que se estableció que es inconstitucional y nulo liquidar el impuesto de plusvalías si no se ha producido un incremento en el valor del bien. El Tribunal Económico Administrativo sostuvo en un primer momento que mientras no existiera una modificación legislativa el impuesto debía seguir liquidándose.

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