Las encuestas a veces ofrecen resultados sorprendentes, por una parte, y por otra apuntan estados de opinión que a los partidos les resbalan pese a que son quienes tendrían que escuchar más atentamente los deseos de los ciudadanos. Así, según una reciente encuesta con motivo del Día de la Constitución recién celebrado, un 52% de los participantes cree que los socios del Gobierno quieren acabar con la Constitución. Una sorpresa porque los propios partidos nacionalistas, independentistas en incluso el partido coaligado en el Ejecutivo, Unidas Podemos, han declarado por activa y por pasiva que consideran caducado el régimen del 78 que se basa en la Carta magna y que quieren abrir un nuevo periodo constituyente en el que se aborde el debate sobre el modelo de Estado, -acabar con la Monarquía, vamos-, y que se pueda ejercer el derecho de autodeterminación, una propuesta que va en contra de su artículo segundo que establece que "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…". O sea, que lo lógico hubiera sido que prácticamente la totalidad de los encuestados hubieran contestado afirmativamente a la pregunta formulada.   

Otro tanto ocurre cuando se inquiere acerca de si está en peligro el texto constitucional, a lo que respondió afirmativamente el 63% de los encuestados. La Constitución es evidente que no está en peligro, porque ninguno de los partidos cuyos escaños son imprescindibles para abordar una reforma constitucional están por la labor de abrir un proceso tan complejo y dificultoso, sobre todo en los aspectos que generan mayor controversia. El líder del PP, Pablo Casado fue contundente al reivindicar la Constitución frente al 'revisionismo suicida' de los socios del Gobierno. En efecto, "de los socios del Gobierno", porque el principal partido que sustenta al Ejecutivo, el PSOE, tampoco la promueve, pese a "las sospechas" que se propalan, pero que no se compadecen con ningún movimiento que implique su destrucción. Más bien al contrario, el PSOE se ha convertido en el dique de contención de las pretensiones de quienes quieren acabar con la monarquía o con la unidad de España. Lo que hacen o dicen los socios del Gobierno sirve para generar malestar y polémicas que no conducen a ningún lado, en uso de sus libertades constitucionales. De ahí a su materialización existe un trecho insalvable cuando funcionan todos los mecanismos de una democracia avanzada. Cualquier cambio en ese sentido necesitaría del concurso de los partidos favorables a la Constitución vigente, por lo que la elaboración de una nueva ni está ni se lo espera. Ni tan siquiera las reformas que se consideran necesarias se vislumbran en el horizonte.  

A este respecto, es el inmovilismo de los partidos lo que choca con el deseo de los encuestados, dado que el 76%, es partidario de afrontarlas. Un porcentaje lo suficientemente transversal al que se apuntarían votantes de los tres partidos de la derecha, porque el conjunto de PP, Vox y Ciudadanos obtuvieron el 43% de los votos en las últimas elecciones generales.  

En fin, cuando se acaben los ecos de la celebración del 6 de diciembre el debate sobre la reforma constitucional volverá a un cajón. Hasta la próxima conmemoración.