Desde que José Luis Rodríguez Zapatero impulsó y aprobó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, las fuerzas y cuerpos de seguridad han incrementado de forma notable sus recursos, sobre todo humanos, para combatir esta lacra y proteger a las víctimas. El número de agentes que la Guardia Civil y la Policía Nacional dedican en la provincia para dar seguridad a estas mujeres se ha multiplicado por tres en los últimos 17 años, lo cual revela lo que muchos expertos esgrimen, que el maltrato a la mujer ha de ser atacado desde muchos otros ámbitos y no solo el penal.
En todo caso, los esfuerzos tanto de la Benemérita como de la Comisaría para atajar esta lacra han aumentado. Los Equipos Mujer Menor (Emume) de la Guardia Civil disponían en el año 2004 de tan solo 4 efectivos en toda la provincia, repartidos entre Burgos capital, Villímar-alfoz y Aranda de Duero.
En la actualidad, con datos actualizados a julio de 2021, cuenta con 13, cuatro en la capital; 2 en Alfoz-Quintanadueñas; tres en Aranda; tres en Medina de Pomar, y uno en Miranda de Ebro. La actual Unidad de Atención a la Familia y Mujer (Ufam) del Cuerpo Nacional de Policía dispone en estos momentos de 15 policías, de los que 8 se dedican a labores de investigación. De los otros siete, los que tienen por misión proteger a las víctimas, 4 se hallan en la capital, dos en Aranda y uno en Miranda. En 2006 solo había 6 agentes y todos estaban radicados en Burgos ciudad. Es decir, que si en 2004 ambos cuerpos poseían 10 efectivos para atender a todas las mujeres víctimas de violencia de género, ahora el número alcanza los 28, casi el triple, según las cifras que aportó el Gobierno a una pregunta parlamentaria.
Guardia civiles y policías nacionales analizan cada caso de maltrato y establecen el nivel de riesgo de las mujeres. La tutela que los agentes ejercen sobre las víctimas de la violencia machista depende del nivel de peligro al que esté expuesta cada una de ellas. El contacto con víctimas que requieren menos cuidados es también frecuente, pero las fuerzas de seguridad controlan sobre todo a aquellas mujeres susceptibles de volver a ser agredidas.
En la provincia no existe ningún caso de riesgo extremo, una calificación que obliga a Policía y Guardia Civil a proteger las 24 horas del día a las afectadas. Sobre las mujeres que sufren una amenaza de nivel medio el control no es tan cercano y persistente. Pero tanto Policía Nacional como la Guardia Civil sí que establecen vigilancias ocasionales en su domicilio y en su lugar de trabajo, muchas veces a diario, con el fin de comprobar si su agresor se acerca a ellas. Es decir, vigilan sus movimientos y los del maltratador con frecuencia pero no a todas horas.
Para determinar a qué clase de vigilancia hay que someter a la víctima, la Ufam y el Emume llevan a cabo una entrevista de valoración del riesgo tanto a la mujer como al hombre y las clasifica como de riesgo extremo, alto, medio, bajo y no apreciado. Evidentemente, si el hombre es encarcelado, el nivel de peligro desciende, pero si no lo está, la Unidad evalúa también sus antecedentes -si hay denuncias anteriores de otras mujeres-; posibles adicciones; desequilibrios psíquicos, etc.
En la mujer analizan la gravedad de las heridas infligidas por el agresor; si tiene un entorno que la proteja o está sola, o si sufre adicciones. Tanto la Guardia Civil como la Comisaría atienden cualquier demanda de las mujeres, aunque el nivel de riesgo sea bajo.