La Junta de Castilla y León no ha recibido ninguna denuncia ni, por consiguiente, ha abierto expedientes sancionadores «en los últimos tres años» en la provincia por pozos o sondeos ilegales, es decir, aquellos que habiéndose realizado mediante técnica minera carecen de un proyecto aprobado por la Sección de Minas. Así lo asegura el jefe del servicio de Economía de la Delegación Territorial de Burgos, Mariano Muñoz, que considera «difícil» detectar estas perforaciones a tiempo porque las máquinas trabajan «muy rápido y dejan pocas huellas».

Los citados expedientes administrativos se pueden iniciar por denuncias del Seprona, de los agentes medioambientales, de particulares o del propio personal de la Sección de Minas, aunque es «complicado» que procedan de estos últimos porque «desgraciadamente tan solo tenemos dos personas» en el área pese a que «somos la provincia con mayor volumen de minería de Castilla y León», con unas 120 explotaciones mineras en Burgos, calcula Mariano Muñoz. Y no dan a basto.

Los agentes medioambientales o del Seprona «a veces son nuestros ojos» y los que les alertan de actividades ilícitas, aunque últimamente no han recibido avisos. «Si hay denuncia, abrimos expediente», asegura Muñoz, que matiza que desde la Junta nada pueden hacer ante «un agujero en el suelo que lo mismo lleva 10 que 25 o 50 años hecho». «Nuestro reglamento, mientras no lo cambien, es (únicamente) de seguridad minera», aclara.

La normativa a la que se refiere es el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, que establece que ‘los sondeos terrestres y marítimos, las calicatas, los pocillos, los trabajos geofísicos, los reconocimientos de labores antiguas u otros de prospección precisarán de un proyecto aprobado y se realizarán bajo las órdenes de un director facultativo’. «No dice nada sobre que al fin de la obra se deberá sellar o dejar en condiciones», advierte Muñoz, aunque entiende que tras el dramático suceso de Totalán, el Ministerio tomará medidas.

De momento, en Castilla y León ya se ha producido una reacción al respecto y tras una reunión entre los jefes de servicio provinciales y el director general del área, se han «unificado» criterios para que en el proyecto previo a realizar un sondeo con técnica minera se incluya «dejar la zona adecuadamente sellada, no con una piedra, sino con un sistema de difícil eliminación».

una tragedia inesperada. Lo cierto es que hasta el ‘caso Julen’, explica Muñoz, «nadie pensó que podría caber una persona por un agujero de esos», en alusión a los sondeos más habituales que realizan los poceros, de entre 25 y 40 cm. de diámetro y 70, 80 o 200 m. de profundidad, pero tras la tragedia de Totalán, se ha elevado la sensibilidad social. «Habrá miles de agujeros que suponen un peligro y los propietarios de los terrenos y los ayuntamientos que tengan constancia tienen que espabilarse», insta el jefe del Servicio Territorial de Economía en Burgos.

En la provincia, la Sección de Minas ha aumentado un 125% el número de proyectos aprobados desde 2010. Entonces se presentaron en la Delegación Territorial de la Junta 12 proyectos, mientras que en los dos últimos años, la cifra ha ascendido hasta los 29 de 2017 y los 27 del año pasado. ¿Por qué? «No lo sé contestar, quizás porque ha habido más sequía últimamente -opina Mariano Muñoz-, quizás por el alza de la actividad económica».

Estos datos, sin embargo, distan muchísimo de los ofrecidos recientemente por la Confederación Hidrográfica del Duero, que notificó que en la provincia de Burgos existen 5.188 aprovechamientos de aguas subterráneas inscritos en su Registro de Aguas y Catálogo de Aguas Privadas. Aunque no todos los mencionados pozos se hayan realizado mediante técnica minera, y algunos puedan llevar hechos muchos años, «es evidente que hay un porcentaje muy alto de sondeos que no solicitan la aprobación de un proyecto, aunque ignoro la cifra», reconoce Muñoz.

APROVECHAMIENTO DE AGUAS

Muchos de los sondeos que se realizan en la provincia tienen como objetivo el aprovechamiento de aguas subterráneas para diversos usos, principalmente agrícola o ganadero, pero también industrial o doméstico. Si el volumen anual de uso es inferior a 7.000 metros cúbicos, es suficiente con comunicárselo a la respectiva Confederación Hidrográfica: del Duero (CHD) o del Ebro (CHE); si el caudal es superior a esa cifra, es necesaria una concesión administrativa.

En estos casos, además del visto bueno de los organismos de cuenca que tienen competencias en el territorio, se requiere la aprobación previa del proyecto por parte de la Junta (en caso de realizarse con técnica minera), aunque muchos promotores se saltan el primer paso, bien por desconocimiento, bien por ahorrarse un dinero o bien por la tardanza en la tramitación.