El traslado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) y la Audiencia Provincial al Palacio de Justicia de la Isla a mediados de 2012 propició que el Estado cediera el uso del edificio de la calle San Juan al Ayuntamiento para la ubicación de un centro cívico y de los servicios sociales municipales. De los 3.050 metros cuadrados la ciudad se quedó con 2.550 y en los otros 500 restantes de la segunda planta se instaló la Gerencia de Justicia, que hasta ese momento estaba de alquiler en la plaza Martínez del Campo. 

Ahora, el Ayuntamiento quiere hacerse con ese espacio ante el aumento de las necesidades en el ámbito social y ha comenzado a dar los primeros pasos. El alcalde, Daniel de la Rosa, y la concejala de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, mantuvieron una reunión de trabajo con el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, para abordar este tema. 

Sonia Rodríguez justificó la petición en el crecimiento de las necesidades municipales vinculadas al área que dirige. «Sería una actuación consensuada para que la Gerencia de Justicia se traslade a otro emplazamiento. Estamos en un momento muy inicial y lo que queremos es iniciar conversaciones de cara a encontrar una solución». 

El subdelegado del Gobierno aseguró que el siguiente paso es hacer una petición formal al Ministerio de Justicia para que estudie si es posible. «El Ministerio tiene que analizar la disponibilidad y la oportunidad», aseguró, al tiempo que recordó que en 2014 se hizo una rehabilitación de los espacios.

De la Fuente subrayó que en la actualidad 30 funcionarios trabajan en la Gerencia de Justicia para los que habría que buscar un acomodo. Por el momento no se baraja ningún otro emplazamiento. «La Gerencia de Justicia está bien ahí al encontrarse es medio camino del Palacio de Justicia y de edificio de los nuevos Juzgados».

Desde el Ayuntamiento estarían dispuestos a buscar un espacio alternativo si fuera necesario. «Antes de hacer una petición formal, la Subdelegación del Gobierno va a analizar primero las posibilidades», indicó la concejala de Servicios Sociales.

El Estado era el propietario del inmueble pero en 2014 se hizo una desafectación del 85% del edificio en favor del Ayuntamiento y el 15% restante se quedó en manos estatales. La institución local realizó inversiones en el edificio para su adecuación y eliminación de barreras arquitectónicas por un importe de 700.000 euros. Todo ello para que el inmueble acogiera el séptimo centro cívico de la ciudad, dos centros de acción social, salas de encuentro o un centro de día y las oficinas de la Gerencia de Servicios Sociales y el área de Juventud.