El servicio sanitario público de Castilla y León obtuvo una nota de 6,95 puntos, lo que supone casi un notable, en el último informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp). Además, los usuarios consideraron «regulares» los niveles de asistencia, con 87 puntos de los 130 posibles, frente los 98 que consiguió la sanidad de el País Vasco o los 97 de Navarra. Los ciudadanos dan a la sanidad de Castilla y León casi un notable, en concreto del cero al diez, obtiene una nota de 6,95, según el informe publicada ayer, que revela que el porcentaje de personas que opinan que la atención sanitaria funciona bien o bastante bien se eleva al 76% y el 74,3% tienen una percepción buena respecto a la atención recibida durante la pandemia.

El informe revela que en el ranking de comunidades con mejor sanidad, Castilla y León ocupa el sexto lugar en 2021, y bajó un puesto, ya que en 2019 ocupaba el quinto lugar. Asimismo, en cuanto al presupuesto sanitario per cápita 2021 en la Comunidad se sitúa en 1.817,94, solo superada por Asturias que invierte 1.949. Respecto a las camas de hospitalización se sitúan en 2,7 por cada 1.000 habitantes y cuenta con 0,1 quirófanos por cada 100.000 habitantes.

El documento recoge que Castilla y León cuenta con 2,03 profesionales médicos de atención especializada por cada 1.000 habitantes y de enfermería la cifra se eleva hasta los 3,53. Además, los profesionales de atención primaria por cada  por cada 1.000 habitantes se elevan a 1,12. En Castilla y León se hicieron 22,89 cesáreas y 1.098 intervenciones quirúrgicas al año; y el coste del alta hospitalaria se sitúa en 941,76 euros. Además, el gasto farmacéutico en Castilla y León es de 285,86, solo superada por Extremadura y Asturias. La lista de espera quirúrgica se eleva a 161 y la lista de espera para especialista está en 127.

Problema de transparencia

La Federación calificó de «serio» problema,  la falta de transparencia de las administraciones sanitarias, que no ha mejorado de manera significativa a pesar de la aprobación de una autodenominada ley de Transparencia, de manera que el acceso a los datos del funcionamiento del sistema sanitario público sigue siendo muy difícil para la población y los investigadores. «Es una vergüenza y un atropello que los datos de la Sanidad Pública, que se financia con los impuestos de la ciudadanía, continúen secuestrados, una responsabilidad que por supuesto comparten el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas», destacó.

 Con la crisis económica se produjo un proceso de recortes que afecto a todas las comunidades autónomas, aunque en medida distinta. El resultado fue un deterioro importante en los recursos, especialmente en los humanos, y en las infraestructuras, mientras de manera paralela se incrementaba el proceso privatizador que ya estaba presente en la mayoría de ellas. 

«Aunque en los cinco últimos años se ha producido un aumento presupuestario, este ha ido dirigido de mayoritariamente al incremento del gasto farmacéutico y a las privatizaciones. Bien es cierto que los presupuestos sanitarios para 2021, en las comunidades en las que se han aprobado, han incrementado notablemente los mismos, superando los existentes antes de la crisis anterior», destacó.