La promotora que transformó el antiguo colegio Niño Jesús en viviendas de lujo ha presentado un recurso ante el Juzgado de loContencioso-Administrativo con la intención de anular la resolución del expediente sancionador que impuso una multa de 300.000 euros a la empresa por el derribo en una de las fachadas del inmueble en abril de 2019.

El Ayuntamiento, que en la instrucción del expediente sancionador se apoyó en un informe que encargó a la Universidad de Burgos para ayudarse a tomar una decisión, defiende que la fachada se pudo preservar. Y es en virtud de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que en su artículo 115 recoge que «constituyen infracciones urbanísticas muy graves la demolición de inmuebles catalogados en el planeamiento urbanístico», lo que sirvió al Ayuntamiento para aplicar esta sanción.

Una conclusión antagónica a la de la promotora, que a lo largo de todo el procedimiento administrativo, y ahora también en el judicial, asegura que el desmontaje de la fachada fue inevitable ya que concurría un riesgo cierto de que se pudieran producir daños a las personas. Durante los trabajos para construir los micropilotes se advirtieron ya los problemas y se entendió que se existía riesgo de que la fachada que mira a Aparicio Ruiz

El expediente del Niño Jesús ha sido uno de los más polémicos de esta legislatura ya que al Ayuntamiento se le llegó a caducar hasta en dos ocasiones el expediente sancionar. Y no se trata de un expediente cualquiera ya que muy pocos se abren en el número 1 de la Plaza Mayor con propuestas de multas tan elevadas.

Lo cierto es que al final la última palabra en este procedimiento la tendrá la justicia ya que, tal y como era de esperar, la promotora no está dispuesta a aceptar la resolución municipal y pagar una multa de ese importe.

El inicio oficial de las obras para transformar el colegio en viviendas se produjo el 2 de agosto de 2018 (momento en que se firma el acta de replanteo) y ya en septiembre de ese mismo año la promotora solicitó una modificación del proyecto para poder desmontar la fachada y luego volverla a colocar. El Ayuntamiento se pronunció en contra.

Fue el 8 de abril cuando la empresa, de manera unilateral, decidió realizar una demolición controlada de la fachada. A partir de ese momento se inició una polémica que no ha tocado a su fin.