El portavoz del Grupo Provincial de Ciudadanos en la Diputación de Burgos, Eduardo Munguía, ha denunciado la incoherencia del PSOE tras aprobar en solitario el acuerdo entre el Gobierno de la nación y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que permite a Moncloa hacer uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos y diputaciones. Este acuerdo, que rechazaron Cs, JxCat y PP y que ni siquiera contó con el apoyo de sus socios de coalición, IU-Podemos, que se abstuvieron; pretende dar liquidez al Ejecutivo central a costa de las entidades locales y provinciales que han hecho sus deberes. Una cantidad que se estima en 14.000 millones de euros. Para la formación naranja, se trata de un nuevo ejercicio de ‘ingeniería fiscal’, donde los ayuntamientos y diputaciones que decidan voluntariamente acogerse a este plan entregarán su superávit – en Castilla y León esta cifra alcanza los 1.279 millones de euros – a cambio de poder acceder a un fondo con hasta 5.000 millones de euros para destinarlo a tres áreas actuación: agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura. Para recuperarlo, si las circunstancias lo permiten, en al menos una década. Sin embargo, según Ciudadanos, obvia algunos sectores como la industria u otros relacionados con la generación de riqueza, tan necesarios a las puertas de una crisis socioeconómica fruto de la pandemia y, sobre todo, limita la capacidad de reacción de la administración más cercana a los ciudadanos.
Del mismo modo, la formación naranja ha recordado a los alcaldes y diputados socialistas de la provincia de Burgos su actitud durante meses, si no años, en contra de cualquier tipo de control de las cuentas de los Consistorios. Tanto es así, que en muchos plenos municipales y provinciales se han aprobado mociones para mantener la independencia de las cuentas de estas administraciones con el apoyo unánime de los partidos políticos. También del socialista.
El portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Burgos, ha afirmado que el acuerdo “destroza la autonomía de los municipios”, un principio que consagra la Constitución Española.