Ser abogado de oficio no está pagado. Y no es una frase hecha de los letrados para reivindicar las precarias condiciones en las que trabajan, pues a las pruebas se remiten. Siempre han defendido que dedican el mismo tiempo a casos privados que a designaciones del turno, pero el Ministerio de Justicia no responde a este trabajo con salarios dignos. Tampoco paga a tiempo, pues suele retrasarse de media unos dos o tres meses. Aun con todo, en Burgos siguen inscritos en la justicia gratuita unos 300 colegiados que, en 2020, sufrieron una merma añadida: la pandemia. Los plazos procesales se suspendieron durante tres meses y solo las causas urgentes mantenían con vida a los juzgados. Cayeron las designaciones y, por ende, los ingresos de muchos profesionales que siguen reivindicando la actualización del baremo.
Tras un 2019 de récord de asuntos defendidos por los abogados de oficio llegó un descenso histórico motivado por los tres meses de paralización. Fueron 5.938 designaciones, 1.100 menos que el año anterior y la cifra más baja de los últimos cinco años. El descenso tuvo repercusión directa en los abogados, pues al estar paralizados los plazos procesales no podían justificar ante el Ministerio las actuaciones que realizaban. Dicho de otro modo, seguían trabajando pero no podían cobrarlo porque el procedimiento no avanzaba.
En junio, expone la delegada del turno de oficio del Colegio de Abogados de Burgos, Marina Villuela, «comenzaron a normalizarse las cosas», pero siempre dentro de ese clima de alerta sanitaria que se mantiene desde marzo de 2020. «El problema», insiste, «estuvo en esos tres meses donde hubo además mucha incertidumbre». Fue un buen momento para reiterar reivindicaciones, algunas de ellas históricas, para mejorar las condiciones de los letrados inscritos a la justicia gratuita. El Ministerio planteó un plan de choque que les perjudicó especialmente porque habilitaba el mes de agosto, pero cedió al cambiar el reglamento para que las liquidaciones pasasen a ser mensuales y no trimestrales.
Fue una pequeña batalla ganada tras muchos años solicitándolo, pero siguen cobrando tarde. Sin ir más lejos, hace apenas unas semanas ingresaron las cuantías por las designaciones del mes de enero, es decir, tres meses más tarde. «Habría más retrasos incluso con el anterior modelo. Ahora se dan algo más de prisa», reconoce Villuela. No han conseguido el principal objetivo que es equiparar el baremo del territorio ministerial al de las comunidades con competencias adquiridas, que siguen ingresando bastante más por el mismo trabajo.
La covid-19 también ha dejado cambios en las guardias, algunas de ellas muy positivos para el cliente, los abogados e incluso los magistrados. La atención al detenido sigue siendo presencial, pero la posterior declaración ante el juez se ha tornado telemática. Ahora se hace desde las comisarías de Policía o cuarteles de la Guardia Civil, algo que valoran en la administración de justicia porque se ahorra bastante tiempo. La delegada del turno de oficio del Colegio de Abogados prevé que esta metodología va a continuar.