Sacyr Social reconoce en un comunicado remitido a este periódico que ha recibido «20 reclamaciones (de 300 trabajadoras que prestan el servicio), que está analizando y responderá a la mayor brevedad», aunque no ha querido pronunciarse sobre la denuncia por impagos reiterados de kilometraje y bolsa de horas realizada este jueves en este periódico por un grupo de empleadas de ayuda a domicilio del contrato que tiene la Diputación Provincial de Burgos.

La empresa niega que la plantilla carezca de convenio colectivo, como expusieron las afectadas, puesto que se está aplicando no uno propio pero sí el autonómico del sector. «El año pasado se firmó la actualización del convenio para los años 2018 y 2019, que incluía la subida de sueldos para esos años. Actualmente, se está negociando con los sindicatos el nuevo convenio para los años 2020 y siguientes», apostilla la empresa.

En la primera oleada de la pandemia, aproximadamente la mitad de los usuarios se dieron de baja de este servicio y eso se tradujo en un recorte de las jornadas de las cuidadoras, que sin previo aviso, según ellas, se vieron en algunos casos con ingresos mensuales reducidos a la mínima expresión, por debajo incluso de 100 euros. Sacyr Social asegura que «se vio obligado» a esa reducción de horas «a algunas trabajadoras» por la merma de la carga de trabajo, si bien asegura que lo hizo «aplicando para ello lo previamente acordado con el comité de empresa». Este «demandó a la compañía con un conflicto colectivo y los juzgados de lo Social, primero, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, después, han sentenciado que Sacyr Social actuó de forma ajustada a derecho», explica en su comunicado.

Según los datos a los que ha tenido acceso este periódico, no fueron «algunas trabajadoras» las afectadas por la reducción de más de un 25% de su jornada laboral, sino 118, aproximadamente un tercio de la plantilla del SAD rural.

En cualquier caso, Sacyr Social sostiene que en septiembre «se han realizado más de 100 aumentos de jornada, lo que ha llevado a la plantilla, prácticamente, a la situación previa al estado de alarma de marzo», concluye. Sin embargo, varias trabajadoras de las zonas de Salas de los Infantes y Quintanar de la Sierra aseguran no haber recuperado todas sus horas, ni por tanto los ingresos previos a abril.

Este grupo de afectadas asegura que durante meses tuvo que comprar sus propias mascarillas y que en dos años la contrata les ha facilitado una sola bata. Sacyr Social explica que el material de protección «lo ha entregado una vez lo ha recibido de la Diputación», aunque no especifica cuándo ocurrió eso ni menciona el gel hidroalcohólico, que las empleadas se pagan.
La compañía no ha concretado qué cantidades adeuda en atrasos por kilometraje y horas, ni ha aclarado otras quejas, pero sí ha comprometido su pronta respuesta a las reclamaciones planteadas.