Una consulta planteada desde el Tribunal Supremo de España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mes de septiembre, y que estará pendiente de resolver durante unos meses más, mantiene atascada en la Audiencia Provincial de Burgos la resolución de las comisiones de apertura en las hipotecas. El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Burgos, el que se ocupa de este tipo de asuntos, lleva tiempo dictando sentencias pero los recursos presentados, que ya son una veintena pero que podrían convertirse en muchos más, se han paralizado.

Tal y como explican fuentes judiciales, si el Supremo suspende sus resoluciones sobre este particular a la espera de que se pronuncie el TJUE ante lo que técnicamente se denomina como «cuestión prejudicial», lo lógico es que la Audiencia haga lo mismo. La consecuencia es que los consumidores afectados seguirán sin saber si definitivamente tienen derecho al reintegro de los gastos por las comisiones de apertura y por lo tanto sin cobrarlos.

La cuestión prejudicial trata de garantizar una aplicación homogénea del derecho de la Unión Europea para evitar interpretaciones distintas de una misma norma. Eso es lo que ha hecho el Supremo con las comisiones de apertura, pues no estuvo de acuerdo con la sentencia del Tribunal Europeo de julio de 2020 en la que se determinó que los bancos tendrán que devolver las comisiones de apertura y ha solicitado revisarla, pues considera que la normativa española que la regula es específica de la comisión de apertura y tiene un tratamiento diferenciado del resto de comisiones.

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