Con la llegada y democratización del teléfono móvil hace ya un cuarto de siglo las cabinas que adornaban -ahora más bien las afean- no pocas calles de Burgos han ido perdiendo su razón de ser. La mayoría de ellas carece de puertas e incluso cristales, debido a que los vándalos se han cebado con ellas en los últimos año. La imagen que proyectan dista mucho de la apariencia de modernidad que exhibieron en el momento en que fueron instaladas, lo que hace preguntarse a no pocos ciudadanos por qué no desaparecen de una vez. 

¿Por qué todavía no se han retirado? Porque Real Decreto de 2005 obliga a Telefónica, que es la empresa encargada de su gestión, a garantizar un servicio que es un derecho de los ciudadanos. «Debe existir un teléfono público de pago por cada 1.500 habitantes en municipios de 500 o más residentes. Debe estar disponible las 24 horas del día y los 365 días del año», reza la legislación. Telefónica es el operador obligado a mantener este servicio tras los concursos convocados por el Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital y que han quedado desiertos. Ningún operador puja por este servicio. La última adjudicación se produjo hace dos años, en diciembre de 2019, y expirará el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, la entrada en vigor de la disposición transitoria novena del anteproyecto de Ley General de Comunicaciones, que se prevé para la segunda mitad de este año, sí permitirá su desmantelamiento. De modo que Telefónica tiene previsto iniciar su retirada a partir del segundo semestre, aunque no existe ningún cronograma con fechas concretas por provincias y municipios. No obstante, su desaparición ya está a la vuelta de la esquina.

Ahora bien, la compañía española va a dar la opción a los ayuntamientos de que mantengan alguna de las 102 cabinas repartidas por la geografía de la provincia. Si un municipio quiere conservar alguna -para el fin que sea- debe solicitar la cesión del mueble y requerir la retirada del teléfono. Entonces se formalizaría un documento de cesión por el que la cabina ‘locutorio’ pasaría a ser titularidad del consistorio en cuestión a todos los efectos, permaneciendo en el lugar que actualmente ocupa.

 Hay que recordar que el Pleno del Ayuntamiento de la capital aprobó en febrero de 2020 una proposición del grupo municipal de Ciudadanos para dar otros usos a algunas cabinas telefónicas. Planteaban transformarlas en puntos wifi, de carga móvil y de información turística, servicios que pueden ser de interés para burgaleses y turistas. Sin embargo, por el momento el Consistorio no se ha dirigido de forma oficial a la empresa para solicitar su cesión, que también puede ser por simples razones sentimentales, por conservar la primera instalada en la ciudad o en un barrio concreto.

Para hacerse una idea del declive, las 0,17 llamadas al día desde una cabina -una por semana- suponen reducir a más de la mitad la media que se había registrado hace poco más de dos años, y que ya era baja: 0,37 llamadas al día, es decir, un uso cada tres días, según datos de Telefónica. La irrupción de la telefonía móvil ha sido la causa principal de la caída en desuso de estas estructuras. Ya en 2006 se registraron más líneas de teléfonos móviles que habitantes.

De hecho, más del 88 % de la población reconoce no haber usado nunca una cabina, que hace muchos años desaparecieron en países vecinos a España, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hacen referencia a datos del Eurobarómetro 2014. El servicio universal, recogido en la Ley de Telecomunicaciones, garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a una serie de servicios con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible. 

El mal estado y deterioro de las cabinas no es exclusivo de Burgos, pero Telefónica ya reconoció hace un año que el caso de la capital le preocupaba especialmente. Cristales rotos, puertas que no existen, suelos hundidos, suciedad en las paredes, auriculares pringosos, teléfonos que no funcionan, pintadas y restos de carteles adheridos son la realidad que presentan muchas de las 55 cabinas que aún resisten en la ciudad. De hecho la compañía se comprometió a  «estudiar el caso de Burgos para darle solución». Y la empresa reconocía que sus servicios técnicos se ven «desbordados» por los actos vandálicos que se producen especialmente durante los fines de semana y que «se está actuando de forma prioritaria» allí donde se les insta y que el coste del mantenimiento que suponen estos desperfectos «es altísimo».

Por fortuna ya queda menos para que estos locutorios desaparezcan de las calles de los municipios de Burgos.