La decisión del Ayuntamiento de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que las salas de juego o casas de apuestas no puedan instalarse en zonas residenciales y queden relegadas a polígonos industriales o espacios comerciales podría llevar aparejadas «reclamaciones patrimoniales millonarias por parte de empresas», tanto a la administración local como a la regional, según advierten desde la Consejería de Presidencia. 

«En este momento se trata de evitar que cualquier administración pública pueda ser condenada a una indemnización millonaria por esta causa», indicaron.

La Junta también señala que en la  documentación justificativa del Ayuntamiento «no se fundamenta adecuadamente» la medida, dado que «podría afectar también» a administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y a los puntos de venta de los sorteos de la ONCE, y «se excluyen de su aplicación sin una fundamentación mínima».

En opinión de la Consejería, el establecimiento de esta «novedosa» categoría de uso terciario recreativo tiene un «complicado encaje legal», al vaciar de contenido el reparto de competencias entre comunidades autónomas y entidades locales, al tratarse de una medida «que va mucho más allá de lo que es un planeamiento urbanístico». Precisamente, en el ejercicio de las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuyó a la Comunidad, las Cortes de Castilla y León aprobaron la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del Juego y de las Apuestas de Castilla y León. «Hay intención modificar esta ley para adaptarla a la nueva realidad social e incorporar novedades que se han producido en los últimos años», indicaron.

Para ello se ha puesto en marcha la Mesa de Juego Responsable, que se reunirá próximamente y a la que se ha invitado a participar en la misma a la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP) para que sean los propios ayuntamientos quienes aporten las medidas para hacer frente al juego problemático. Por eso, desde la Junta invitan al Ayuntamiento de Burgos a que, a través de la FRMP, haga las aportaciones que considere y que se puedan incorporar a esta futura modificación legal».

Desde la Junta indican que esta administración «comparte» con el Ayuntamiento su preocupación por los problemas que causa el juego patológico y, por eso, ha puesto en marcha figuras que tratan de proteger a los más vulnerables como el registro de prohibidos, distancias entre establecimientos de juego y centros escolares..., al tiempo que recuerda que es una actividad económica «regulada» y merece el «máximo respeto». 

Finalmente, respecto al informe favorable de la Dirección Genenal de Vivienda se asegura que tiene que ver con una «cuestión formal».