La Junta de Castilla y León recibió una asignación económica del Estado de 232 millones de euros para ayudas directas a pymes y autónomos con el fin de que contribuir a mejorar su situación después de las consecuencias económicas de la pandemia. Las bases reguladoras se publicaron el pasado mes de mayo y los últimos datos facilitados por la Consejería de Economía y Hacienda revelan que se han resuelto el 80% de las solicitudes procedentes de la provincia burgalesa.

El número de peticiones recibidas asciende a 3.022, de las cuales 2.427 han recibido ya el visto bueno de la Agencia Tributaria para proceder a la orden de pago por un importe global que asciende a 19.157.311. Esta cuantía se incrementará con el paso del tiempo, ya que, aunque el periodo máximo de resolución que se establecía acababa el 31 de este mes, el Gobierno central lo ha ampliado hasta junio con el fin de que puedan solventarse aquellas que se están analizando o las que continúan pendientes de algún tipo de reclamación.

En lo que se refiere al conjunto de Castilla y León, las mismas fuentes explican que se han recibido 19.500 peticiones, de las cuales 18.450 tienen el visto bueno de Hacienda, sumando en su totalidad 132 millones de euros. Es aquí donde el departamento regional muestra su disconformidad con las condiciones establecidas por el Ejecutivo central, ya que considera que «es muy difícil llegar a esos 232 millones asignados y deberá devolverse el dinero sobrante pero no por un problema de gestión por parte de la Comunidad».

La Junta ha reiterado en varias ocasiones que los requisitos a cumplir por parte de las pymes y autónomos son «muy duros» e incluso remitió una carta a la ministra de Economía y Hacienda, Nadia Calviño, para que flexibilizara los criterios, entre los que figura el de acreditar pérdidas del 30%. La Consejería recuerda que en julio amplió a 570 los sectores susceptibles de ser beneficiarios de esas ayudas (inicialmente solo se contemplaban 89) y extendió el plazo de presentación al 2 de noviembre.

Buena parte de los peticionarios pertenecen al ámbito de la hostelería. El presidente de la patronal, Fernando de la Varga, no comparte los cálculos del Gobierno autonómico y considera que el porcentaje de resoluciones es inferior. En lo que sí que está de acuerdo es en la crítica a los requisitos exigidos al considerar que «están pensados para quienes pidieron créditos ICO y penaliza a quienes han sostenido sus negocios con los ahorros». Opina de igual forma que esas condiciones explican «el escaso número de solicitudes presentadas» y pide al Estado que permita a las regiones abrir nuevas convocatorias.