El Consejo Consultivo aconsejó hoy a la Junta evaluar las posibles consecuencias que pueda tener la aprobación de cada nueva norma o ley autonómicas en el impacto demográfico y la despoblación, tal y como trasladó el presidente de la institución propia, Agustín Sánchez de Vega, durante la presentación ante las Cortes de la Memoria 2020. Se trata de una “consideración esencial” que recoge el primer informe elaborado a iniciativa propia por la institución, enmarcado en el documento trasladado hoy al Parlamento autonómico, y que “podría servir para afrontar con mejor solvencia el propio reto demográfico”.

A su juicio, el punto de partida es la “constatación de que las diferencias territoriales pueden traer consigo consecuencias incompatibles con los grandes principios de igualdad y justicia en la recepción de los servicios públicos”. Hasta ahora, dijo, solo Galicia había incluido un informe similar en procedimientos de elaboración normativa, mientras que el anteproyecto de ley de dinamización demográfica, aún en fase de consulta pública en Castilla y León, “parece contener objetivos similares”.

El estudio a iniciativa propia, expuso Sánchez de Vega, propone un “posible modelo de indicadores o sectores de impactos en los que definir los resultados esperados o inesperados ante la entrada en vigor de la norma”. Entre ellas, enumeró, tener en cuenta la evaluación en materia económica, fiscal o de empleo, la libertad de elección efectiva del lugar de residencia o el impacto cultural o institucional, formulaciones que debieran estar presenten en el informe de impacto propuesto.

Sánchez de Vega expresó durante su comparecencia este apartado, aplaudido por los grupos parlamentarios. Durante su intervención, informó de que el Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó en 2020 un total de 458 dictámenes, mientras que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) resolvió 207 recursos, según recoge la Memoria. Acompañaron en las Cortes los componentes del resto del Pleno del Consejo, los consejeros electivos María del Valle y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera.

Durante la misma y entrecalados con los datos, Sánchez de Vega ensalzó que el “control y la garantía de la legalidad presiden las funciones del Consultivo y el Tarccyl, que se desarrollan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía funcional, conforme a un procedimiento reglado”. También afirmó que es el único de España estructurado en dos órganos.

De los 458 dictámenes aprobados en 2020 (inferior a la media anual desde 2014), más del 60 por ciento, concretamente 287, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales; 168, de la Junta y tres, de universidades. Casi 77 de cada cien versaron sobre responsabilidad patrimonial, especialmente sobre el funcionamiento de los servicios públicos y el ámbito sanitario, por un importe solicitado en los expedientes que superó los 53 millones de euros, según precisaron fuentes del Consejo Consultivo.

La provincia que contabilizó más dictámenes fue Valladolid, con 90, seguida por Burgos, León y Salamanca, con 81, 76 y 74, respectivamente. Zamora acumuló 38; Palencia, 31; Segovia, 23; Ávila, 14 y Soria, ocho, además de otros 23 expedientes con un ámbito territorial que abarca varias provincias.

De las comunicaciones oficiales recibidas relativas a dictámenes emitidos el pasado año sobre las resoluciones finalmente adoptadas por las administraciones consultantes, el 95 por ciento ha seguido el criterio recogido en el dictamen, lo que pone de manifiesto la credibilidad de la institución”. Además, la media de resolución fue de 17 días hábiles, cuando la ley establece 20.

Por lo que se refiere al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, durante 2020 se presentaron 198 recursos y se dictaron otras tantas resoluciones, que resolvieron 207 recursos, dado que algunos derivaban de 2019. Casi el 64 por ciento de ellos fueron dirigidos frente a contratos de servicios, seguidos por contratos de suministros, que representan más del 33 por ciento. En función del órgano de contratación que dictó el acto objeto de recurso, la Gerencia Regional de Salud contabilizó 57 actos recurridos y la suma de los valores recogidos en los recursos presentados el año pasado rebasó los 1.400 millones de euros, tal y como trasladó hoy Sánchez de Vega. La media de resolución se fijó en el entorno de los 22 días en este órgano. “Los datos denotan escaso nivel de conflictividad”, incidió el presidente. Casi una de cada tres solicitudes se estimó en favor del recurrente.

Reconoció, no obstante, que en 2020 se produjo una ralentización del incremento de la actividad en el Tribunal, como consecuencia del COVID-19. Así, se pasó de unos 160 recursos en 2018, a alrededor de 200 en 2019, cifra que se mantuvo cercana en 2020. Sin embargo, advirtió de que el Consejo espera una “reminiscencia” del incremento en próximos años por la llegada de los fondos europeos como consecuencia de la pandemia. Por ello, confió en que el “refuerzo” anunciado para el Tribunal Central “se extienda también a los autonómicos y el incremento de trabajo que ello pueda suponer no cause efectos negativos”.

En general, justificó que las cifras de ambos órganos “acercan a la realidad territorial de la Comunidad”, con 2.248 municipios. Por ello, la cuantía mínima para acceder al Consultivo es de 6.000 euros para la Administración autonómica y de 3.000 para el resto, lo que “facilita el acceso al ámbito de la protección”.

Afectados por la pandemia

Agustín Sánchez de Vega admitió que la pandemia “no ha sido inocua” y el número de asuntos admitidos refleja un descenso en comparación con 2019, pero el Tarccyl se ha mantenido. “El COVID ha adaptado el funcionamiento de la institución, con reuniones telemática y teletrabajo, así como medidas de emergencia en el trabajo diario”, expuso. En este sentido, alertó de que quizás el “año que viene no se llega a tanta agilidad, por positivos en COVID o porque algunos letrados se van”. Ahora, informó, la institución ha convocado tres plazas de letrados y solo cuenta con cinco desempeñando su trabajo. “Quizás en la próxima comparecencia hablemos de situaciones aún más complicadas”, advirtió.

También recordó que durante 2020 el Consejo puso en práctica, además del informa a iniciativa propia en materia de despoblación, la aprobación del código ético y de austeridad. También se dio traslado de la propuesta de la ley sobre la propia institución, comprometido en la comparecencia de julio de 2019. Se trata, dijo, de un documento técnico jurídico, fruto del acuerdo de los consejeros, y del que confió, salga un “amplio consenso de los grupos de la Cámara”. Igualmente, subrayó el “importante” peso de la “transparencia”, que evidencia los más de 2,2 millones de visitas en la web, con información en general de la institución.

Recomendaciones

En el ámbito de las recomendaciones, Sánchez de Vega las focalizó en las entidades locales, cuya labor, admitió, “ha mejorado”. En todo caso, incluye también una labor didáctica, principalmente para los requisitos que son necesarios cumplir para poder presentar consultas facultativas. De ocho recibidas, solo una se admitió a trámite. “Consideramos imprescindible recordar los requisitos necesarios para su admisión”. En una línea similar, recordó que se ha difundido la reciente sentencia, con la colaboración de la Federación Regional de Municipios y Provincias, del Tribunal Constitucional sobre la “inaplicabilidad del plazo de caducidad de ocho meses de los expedientes de resolución contractual tramitados ante las administraciones locales, pasando a ser de tres meses”. “La importancia de este asunto es evidente”.

Sánchez de Vega trasladó otros dos asuntos en este sentido. En primer lugar, exigió a las entidades locales que utilicen el formato electrónico para la presentación de sus consultas, pues en abril de este año culminó el plazo para la implantación de la administración electrónica. “De no ser así se pueden desestimar”, avisó. Por último, recordó la “obligación legal” de las administraciones de comunicar al propio Consejo, en un máximo de 15 días, su decisión “de incorporar, o no, las consideraciones hechas en el dictamen”. Hasta ahora, de las casi 400 comunicaciones recibidas solo en menos del cinco por ciento la decisión final de la administración “se separó del dictamen recibido”.

Retrasos en la Junta

Todos los grupos parlamentarios que intervinieron en la Comisión de la Presidencia ensalzaron el trabajo de la institución como “garante del derecho” de los castellanos y leoneses. A juicio del portavoz socialista, Luis Briones, el Consultivo “debe estar al margen de cualquier avatar de disputa, no solo por la cortesía parlamentaria, sino porque es el órgano de garantía de leyes”. En este sentido, se dirigió a PP y Ciudadanos y señaló que el “apoyo no solo se demuestra con palabras, sino también con hechos, andando”, y consideró que cuenta con medios “claramente insuficiente”.

A pesar de ello, destacó, ha mantenido su actividad durante la pandemia y se ha adaptado a la transformación digital. También subrayó la “agilidad” en los dictámenes, por debajo de los plazos marcados por ley, así como su “coherencia interna”. Igualmente, Briones apeló al “apoyo para operadores jurídicos, especialmente en el caso de pequeños ayuntamientos, este año enriquecido con requisitos que deben reunir consultas facultativas al consejo, los avances en digitalización y el código ético y austeridad”.

Se detuvo principalmente en el informe sobre impacto demográfico. “Es el primero a iniciativa propio y muestra sensibilidad con el principal problema de la Comunidad. En Castilla y León no debe tomarse ninguna decisión sin analizar su impacto sobre la demografía, una petición antigua del PSOE”, sentenció Briones, quien aseveró que el Consultivo “se ha atrevido a hacer una síntesis acertada, e incluso una metodología básica para elaborarlos, con algunas advertencias”. Entre ellas, citó que este documento “hay que tomárselo en serio, profesionalizarlo por su solvencia técnica e incorporar un diagnóstico que comparta toda la Comunidad”. Hasta el momento, afeó el procurador socialista, estas recomendaciones “no se han correspondido con ningún avance de la Junta”. “No vale vale con estar de acuerdo, sino empezar a incluirlo”, trasladó.

También criticó retrasos en proyectos en materia sanitaria que se recogen en la Memoria del Consejo Consultivo, que “causan perjuicios, también morales”. Son procedimientos que “se demoran más de dos años, cuando la ley establece un máximo de seis meses”. Por ello, anunció que su grupo preguntará a la Junta sobre las medidas que “toma al respecto”.

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago, ensalzó la memoria y destacó dos dictámenes sobre acoso escolar en dos centros de la Comunidad. También mencionó los pronunciamos sobre el “daño moral” que refleja la Memoria, reclamados al trasladar a un paciente de un centro sanitario a otro sin la autorización de la familia; y otro por “imposibilidad de localizar los restos de la madre de la reclamante, debido a una mala praxis del cementerio, como acreditan los tribunales”. “Estamos ante una institución con suficientes motivos para sentirnos orgullosos y agradecemos su labor para mejorar la calidad democrática de todas las instituciones de Castilla y León”, resumió.

Por último, la portavoz del PP, Leticia García, quien recordó que había sido alumna de Derecho del profesor Sánchez de Vega, habló de un trabajo “intensivo y sólido y comprometido del presidente y de sus consejeros”. “Es una institución más que útil, garantía de la aplicación del derecho, de su engranaje en la Comunidad”, comentó García, quien recordó que desde la creación del Consejo “su notoriedad no ha dejado de crecer y un un año más acredita su profusa doctrina”.

Igualmente, destacó el trabajo realizado, que también estuvo “afectado por la pandemia”, e incidió en la necesidad de las tramitaciones telemáticas por parte de las entidades locales. También enfatizó, durante su intervención, la puesta en marcha del código ético. “El PP se encuentra fuertemente comprometido con la transparencia, la ética y la austeridad. El mayor potencial de la institución son los recursos humanos, como motor de este órgano”, concluyó.