Si la incertidumbre planeaba sobre los empresarios de hostelería desde que se decretó el estado de alarma el 14 marzo, las dudas se han incrementado tras conocerse el pasado martes el plan de desescalada previsto por el Gobierno central para el sector y que la patronal burgalesa no ha dudado en calificar de «sinsentido» y valorarlo como una «falta de respecto» hacia esta actividad económica. A la inquietud que mostraban, se añade ahora el «enfado» y malestar ante una situación que «nos condena a una quiebra total», en palabras de su presidente, Fernando de la Varga, quien considera que las restricciones planteadas provocarán que «prácticamente no abra ningún local» antes de finales del próximo mes de mayo.

La que mayor rechazo ha generado ha sido la de poder reabrir las terrazas con el 30% de aforo máximo el 11 de mayo, contemplada en la fase 1 del proceso de salida de la crisis. De la Varga considera que esta opción es inviable para la mayoría de los hosteleros, ya que de media disponen de 10 o 12 mesas en el exterior, en el caso de los que ofertan este servicio. «Eso supone un máximo de tres y así no se puede sacar adelante un negocio», precisa, sin que tampoco vea factible que a mediados de mayo, si Burgos avanza en esa desescalada asimétrica, se permita que esa misma limitación se aforo se extienda al interior del local. Porque, según explica, la mayor parte de los establecimientos de la ciudad son de pequeñas dimensiones, en torno a los 80 metros, lo que supone una capacidad máxima de cincuenta personas que se vería reducida a solo quince.

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