El Diálogo Social vuelve a dar sus frutos. En esta ocasión, los acuerdos entre la Junta y los agentes sociales y económicos llegan a los servicios sociales con el aumento de un diez por ciento de la cuantía destinada a la concertación de plazas de los centros residenciales para personas mayores y el incremento de 180 plazas concertadas a lo largo de 2021, que se sumarán a las 800 que se deben renovar después de quedar libres tras la pandemia de la covid.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinará 35 millones para la dependencia este mismo año que servirán para mejorar la intensidad de la ayuda al domicilio a unos 12.000 usuarios y aumentar las prestaciones vinculadas, además de asumir un compromiso para la mejora de las condiciones de los trabajadores de las residencias, que pasará por una reducción de las ratios de personal, con el objetivo de acercarse a la situación existente en los centros públicos.

La Junta cerró esta semana, según ha podido saber la Agencia Ical, un preacuerdo en la Mesa de negociación de Dependencia, constituida en enero con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal CEOE, con el objetivo de mejorar la vida de las 105.000 personas dependientes de Castilla y León. Una vez acordadas las condiciones, solo falta que el documento sea aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Diálogo Social, junto a otros asuntos. Este acuerdo tendrá una vigencia de tres años (2021, 2022 y 2023) y se enmarcará en el nuevo modelo residencial que defiende la Junta, más moderno e innovador, que tendrá su reflejo en la futura ley autonómica.

El documento contempla el incremento de 180 plazas concertadas que deberán salir este año, a las que habría que sumar otras 800 que han quedado vacías con motivo de la pandemia, ya sea por fallecimientos de los residentes, salidas u otras circunstancias. En la actualidad, la Junta tiene unas 3.800 plazas concertadas con centros privados para personas mayores, de las que unas 3.300 son de residencias y 500 en centros de día.

Ratios de personal.

La idea es que estas mejoras lleguen también al personal de las residencias privadas con plazas concertadas, para lo que será necesario negociar en los próximos meses la ratio de trabajador por residente. En la actualidad, los requisitos mínimos de personal en estos centros vienen marcados por la legislación estatal, por lo que el compromiso alcanzado es que una vez que las nuevas ratios queden fijados por parte del Gobierno central el asunto sea abordado por la comisión de seguimiento. Por lo tanto, si hay alguna novedad en 2021 en relación a las ratios, la Junta se vería obligada a hacer uso de una parte del dinero reservado para el año próximo.

De momento, está cerrado para este año la cuantía extra de 35 millones para la atención a la dependencia con destino a la mejora de servicios como la ayuda a domicilio, las prestaciones vinculadas y un avance de los conciertos, ya que habrá una mayor cobertura. Ese dinero se podrá aumentar los dos próximos años en las negociaciones que lleve a cabo el Diálogo Social.

Junto al grueso de mejoras, el preacuerdo da un empujón a la ayuda a domicilio al incluir el compromiso de aumentar la financiación y elevar la intensidad horaria.

En este sentido, se recuperan las intensidades de la ayuda a domicilio existentes en 2012, cuando se aplicó un recorte, por lo que el máximo de horas al mes para las personas dependientes pasará de 70 a 90, que podría beneficiar a unos 12.000 usuarios. De esta manera, se busca que el horario del servicio se ajuste al nivel de dependencia de cada beneficiario.

Pliego de condiciones.

Además, se ha avanzado para que haya un pliego de condiciones único en los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para Castilla y León, con el objetivo de que no existan diferencias entre las corporaciones locales, tal y como ha ocurrido hasta ahora.