La vuelta del ocio nocturno supuso la salvación para un sector al que la pandemia golpeó con dureza. El problema ha surgido cuando la música ha regresado a los locales, ya que los propietarios y las fuerzas de seguridad han detectado en esta vuelta un incremento de las peleas y los altercados, aunque   ambas partes chocan en la solución para esta deriva. La Policía Nacional, con la colaboración de la Local e Inspección de Trabajo, realizó redadas el primer fin de semana de noviembre, para controlar el cumplimiento de las normas laborales y sobre todo, para evitar el menudeo y el consumo de droga, aunque desde la hostelería critican que la medida  «de alguna manera criminaliza la actividad de los locales que se vieron afectados». 

Así explica su presidente, Pepe Rey, el sentimiento que ha quedado en el colectivo. En los bares reconocen que la inseguridad por la noche ha crecido después del confinamiento y todas las limitaciones de horarios. Con esta sensación, en el sector reiteran que «nosotros no somos el enemigo», porque indican que los primeros interesados en recuperar la normalidad «somos nosotros, porque al final es malo para los locales, para los clientes y para la ciudad, porque queremos que se pueda salir con tranquilidad por Miranda como se ha hecho siempre».

El aumento de las trifulcas lo han notado desde hace meses. De hecho, este verano lo hablaron con la Comisaría de Policía Nacional y «trasladamos nuestra preocupación por lo que veíamos». En ese momento, Rey aclara que «tendimos la mano para encontrar soluciones», y lo volverán a hacer. Por eso, mañana anuncian otra cita con los responsables policiales, en la que reiterarán que ambas partes «tenemos que ir juntos de la mano y tampoco nos oponemos a nada», matiza.

Al margen de evitar el consumo y el menudeo de droga, las autoridades también intervinieron para  controlar la situación laboral de los camareros. En este sentido, Rey advierte que «aplaudimos las inspecciones para que todos podamos jugar con las mismas cartas», pero sí que cuestionan los métodos utilizados. «Nos parece desmesurado cómo se presentaron y vaciaron los locales», critica Rey, que demanda «un poquito de tacto», para un sector que el presidente de la asociación Altamira recuerda que «lo ha pasado muy mal». Además, aclara que «no puedes poner la mano en el fuego por todo el mundo, pero en un gran número se cumplen las normas».

El Cuerpo Nacional de Policía sostiene que actuaron procurando afectar en la menor medida posible el correcto funcionamiento de los locales. Ahora bien, alguno de los locales afectados matizan que «la actuación policial no permitió un desarrollo normal del ocio nocturno». 

VERSIÓN POLICIAL. Según las instancias oficiales, la actuación se enmarca dentro del «Plan Estratégico  de Respuesta Policial al Consumo y Tráfico Minorista en Zonas de Ocio». No obstante, durante la intervención también se buscaba controlar que cada local de ocio nocturno cumpliera las normativas de carácter laboral y administrativo.

Particularmente, la Policía Nacional asegura que actuó en cinco establecimientos de la calle Ramón y Cajal y de la Juan Ramón Jiménez, aunque los hosteleros indican que hubo más locales y en otras zonas de la ciudad. La motivación de la redada, exponen las fuerzas del orden, se centra en el aumento de altercados durante las últimas semanas en la zona intervenida. Además, los cuerpos de seguridad pretendían vigilar determinados espacios ante la posibilidad de que se incumpliera la legislación en materia de extranjería.

El resultado de la actuación se limitó a la incautación de un arma prohibida, la cual llevaba consigo uno de los trabajadores registrados. Además, la Policía Nacional abrió cuatro actas por tenencia ilícita de estupefacientes y los funcionarios del Ministerio de Trabajo detectaron varias irregularidades. En este sentido, los empleados públicos iniciarán expedientes sancionadores a los locales donde percibieron las faltas.

Las entidades responsables de la intervención justifican el horario de la misma alegando que en otros momentos no habrían podido identificar estas infracciones. Además, consideran que la redada se ajustó a la legalidad y preservó el derecho de los consumidores.