El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Burgos acaba de dar un susto de los gordos al Ayuntamiento capitalino. Al igual que hiciera hace un año un tribunal homónimo de Valladolid, el Consistorio burgalés acaba de recibir la notificación de una sentencia que anula la multa a un ciudadano por un foto rojo (los conocidos también como semáforos espía) al considerar que las sanciones de estos dispositivos, sin ninguna advertencia de su situación a los conductores y sin control metrológico alguno, vulneran la legalidad.

Lo relevante de este fallo judicial no es la indudable alegría que se ha llevado el ciudadano al que le han anulado una sanción de 200 euros y le han liberado de la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir. Lo realmente significativo es que esta sentencia, como la dictada previamente por el juzgado vallisoletano, abre la vía a una cascada de recursos o demandas por parte de aquellos ciudadanos que hayan sido sancionados o, si el Ayuntamiento opta por no tomar medidas correctoras, lo vayan a ser en el futuro.

La sentencia que se acaba de dictar da por sólidos los argumentos del fallo dictado en Valladolid el año pasado, reproduce buena parte de su argumentario y defiende que los foto rojo (hay 6 colocados en distintos puntos de la ciudad) no pueden servir a la administración para sancionar si su presencia no se advierte con una señal que pueda ser vista por los conductores.

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