Piden una reunión a Madrid, País Vasco y CyL por el Directo

ICAL
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El grupo de trabajo creado para potenciar la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos quiere saber si es "real" (y no solo de palabra) el compromiso de los consejeros de Fomento de estas tres comunidades autónomas con esta infraestructura

Concentración en la Plaza Mayor por la defensa del tren Directo Madrid-Aranda-Burgos. - Foto: Luis López Araico

El grupo de trabajo creado para potenciar la línea férrea del Ferrocarril Directo Madrid-Aranda- Burgos ha solicitado formalmente a las Consejerías de Fomento y Transportes de las comunidades de Madrid, País Vasco y Castilla y León una reunión conjunta para abordar el futuro de la línea 102.

Se trata de una acción que surge dentro de la estrategia que se han marcado sectores ferroviarios, empresariales, logísticos, sociedad civil y alcaldías afectadas por la línea con el objetivo de que esta se reabra nuevamente al tráfico, teniendo en cuenta las valoraciones de asociaciones empresariales y operadoras privadas que muestran el interés existente para la reapertura completa de esta infraestructura.

El grupo de trabajo que se ha creado con todos ellos requiere que los presidentes de las consejerías de las tres administraciones autonómicas se reúnan de forma telemática. Un grupo de trabajo formado, además de por la Plataforma por el Ferrocarril, por la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), la patronal burgalesa (FAE), el centro de Transportes Aduana de Burgos, la Cámara de Comercio de Burgos, la Plataforma por las Infraestructuras de Aranda de Duero, la coordinadora por el nordeste de Segovia (CODINSE), el Plante por el Directo, los ayuntamientos de Aranda de Duero y Burgos, la Asociación por la Recuperación del Patrimonio Ferroviario, el comité provincial de ADIF de Burgos y la autoridad portuaria de Bilbao y el grupo de acción local Sierra Norte de Madrid (GALSINMA).

La razón, indican, es conseguir por un lado que con los fondos de reconstrucción transferidos desde Europa a las comunidades autónomas se realicen las primeras actuaciones de control de vegetación, que está ocasionando un grave daño a la vía, y una intervención en el túnel de Somosierra a través de un convenio con ADIF y el Ministerio de Transportes.

Unas ayudas que suponen para España un montante de 70.000 millones de euros que serán gestionados por las comunidades autónomas entre el 60 y el 70 por ciento, precisaron. Del mismo modo, se requiere que los presupuestos de las propias comunidades cuenten con partidas para conveniar con el gobierno central y con ADIF acciones para la línea.

Aunque de momento no ha habido contestación, desde la Plataforma indican que esperan ser recibidos por los responsables regionales. "No queremos que ignoren nuestra petición y que la dejen en el cajón de solicitudes. Necesitamos que nos demuestren si su compromiso es real o solo de palabra", indicó el presidente de la Plataforma, Jorge Núñez.