La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta ha reconocido a este periódico su «honda preocupación» por la situación que atraviesa la asociación de personas con discapacidad intelectual Aspanias, a la que ha abierto un expediente sancionador por el mal estado en el que se encuentran varios de sus centros, que han sido objeto de inspecciones tanto de oficio, como a raíz de denuncias presentadas por varias familias de  sus residentes. «Como ocurre con el resto de centros de la comunidad, se realizan habitualmente visitas de inspección y control que se han incrementado ante la situación originada por la pandemia. Asimismo, siempre que se traslada a la Consejería, por parte de usuarios o familias, algún tipo de queja o denuncia, se actúa en ese sentido y se investiga en profundidad», expresaron desde esa institución, que no quisieron dar más detalles ya que se trata de un proceso aún no concluido y en el que Aspanias ya ha presentado alegaciones.

Al menos media docena de familias se han dirigido a los servicios sociales de la comunidad autónoma expresando otras tantas denuncias o quejas por escrito muy detalladas referidas tanto a la escasez de recursos humanos como al estado de las instalaciones, porque entienden que la atención y el cuidado a los usuarios de residencias y pisos tutelados «se ha deteriorado gravemente en los últimos años». Así, hablan de falta de cuidadores (en alguno de los centros, por ejemplo, han llegado a estar 24 usuarios sin ningún cuidador varias noches), deficiencias en el servicio de lavandería, mobiliario envejecido y descuidado, falta de material para realizar actividades, ropa de cama en muy mal estado, falta de limpieza en las instalaciones, cableados peligrosos, lavabos sin agua caliente, goteras, humedades en las duchas e incluso falta de una sala específica y adecuada donde tranquilizar a los usuarios con brotes de alteración de conducta. Fernando Mauleón, padre de dos usuarios,  y José Ruiz, hermano de otros dos, que son dos de los familiares de la llamada corriente crítica y también denunciantes, insisten en que el deterioro que se está produciendo en los servicios «es indigno de una asociación como Aspanias»

Tras las correspondientes inspecciones y ante las «irregularidades detectadas» se ha puesto en marcha el expediente sancionador de la Junta, que puede conllevar desde una multa o sanción económica a la cancelación de los conciertos o incluso el cierre de los centros o residencias, según dice la ley. En este sentido, la Consejería de Familia ha recordado que destina unos siete millones de euros anuales al mantenimiento de los conciertos con Aspanias, cifra «a la que hay que sumar las partidas que reciben desde otras consejerías» del Gobierno regional, según precisaron. En Familia e Igualdad de Oportunidades hay «una honda preocupación por la situación en la que se encuentra Aspanias», sobre cuya especial vinculación emocional con la ciudad de Burgos están al tanto, por lo que sus máximos representantes llevan meses reuniéndose con los directivos de la entidad, con el objetivo de preservar «la atención de calidad y con garantías de las personas más vulnerables». «Queremos que las familias tengan claro  -insistieron desde la Consejería- que ningún momento las personas con discapacidad intelectual van a dejar de recibir los cuidados y atenciones de calidad a los que tienen derechos».

MEDIACIONES. Además de las conversaciones con la Consejería, está habiendo otros intentos de mediar y ayudar en esta situación tan compleja. Aunque sus responsables no han querido hacer declaraciones, Plena Inclusión Castilla y León, que es la federación de asociaciones y fundaciones de familias de personas con discapacidad intelectual de la comunidad autónoma, está intentando colaborar con Aspanias a mejorar su situación y habría sugerido a la entidad realizar una auditoría y enviar un gerente externo, a lo que la asociación burgalesa se habría negado. También las familias críticas han pedido al consejero de Presidencia, el burgalés Ángel Ibáñez, su colaboración, ya que de su consejería depende el Protectorado de Fundaciones y hay dos en el conglomerado de Aspanias, pero la respuesta que han recibido hasta ahora es «que no se puede hacer nada». Este periódico ha podido saber que, además, se está intentando una mediación entre Aspanias y las familias críticas con un intermediario ajeno a los servicios sociales pero que en las reuniones que se han mantenido hasta el momento aún no se ha conseguido acercar las posturas.  

El mal estado de algunas de las instalaciones que las familias han denunciado y que se ha constatado en las inspecciones se achaca a la debacle económica que sufre la asociación desde hace varios años, que se ha traducido también en mucho personal en ERTE, trabajadores que no reciben su salario en tiempo y forma, y otros que, directamente, se han marchado por no cobrar. Como se recordará, el pasado mes de febrero este periódico explicaba la situación que vive la entidad por boca del que fue su gerente hasta el pasado mes de junio, José María Ibáñez, que anunciaba alrededor de 70 despidos en el centro especial de empleo de Quintanadueñas y la búsqueda de un préstamo de cerca de tres millones de euros para enjuagar unos resultados económicos de los últimos años que no dudaba en tildar de «catastróficos». Las razones de haber llegado a tal extremo eran, a su juicio, el descenso de actividad hasta un 40%, la subida del salario mínimo, el exceso de plantilla y «errores de gestión que asumimos humildemente».

EN LOS JUZGADOS. Nunca estuvieron de acuerdo con este análisis un grupo de familias que se han mostrado muy descontentas con la gestión que se ha hecho, que cifran la deuda de la entidad «en siete millones de euros o más» y que llevan muchos meses pidiendo explicaciones de la misma sin obtener una respuesta que consideren satisfactoria. Así, Fernando Mauleón, por ejemplo, ha acudido al juzgado a solicitar unas diligencias preliminares para que le sea entregada determinada documentación (acuerdos y actas de la junta directiva, contratos, inversiones realizadas...)  pero asegura que lo que se le ha aportado no es lo requerido.

Por otro lado, hay una investigación abierta en el juzgado de instrucción número 4 de Burgos por la denuncia de unas familias contra José María Ibáñez, gerente hasta el 30 de junio; Miguel Patón, presidente del patronato de la Fundación Aspanias Burgos hasta hace unos días, y Fulgencio Villafáfila, presidente del patronato de la Fundación CISA,  por presuntas irregularidades en la gestión económica de estas entidades, que perciben fundamentalmente financiación pública de la Junta.

Las autoridades sanitarias han impedido la celebración, que estaba prevista para mañana, de dos asambleas ordinarias y una extraordinaria de la Asociación Aspanias en las que, entre otros asuntos, se iban a presentar las cuentas de 2019, un plan de acción para 2021 y se iban a renovar 7 de los 15 miembros de su junta. A este proceso ya se ha presentado una candidatura del ala crítica (Jesús Cirujano, Jacqueline Cassagne, Antonio Melón, Amanda Castañeda, Fernando Mauleón, José Ruiz y Maite Paisán)que propone una auditoría de gestión «totalmente independiente», control de gastos «para evitar situaciones problemáticas» y un plan de viabilidad «creíble».