La empresa que, a la luz de los informes técnicos, iba a ser propuesta para ejecutar la reforma integral del parque de la Cruz Roja, RFS, ha pedido a los juzgados de lo Contencioso que decrete la «suspensión inmediata» de los tajos que el Ayuntamiento está llevando a cabo en ese espacio a través del contrato de obras de ‘mantenimiento’ que el área de Vías Públicas tiene suscrito con la empresa Jacinto Lázaro.

La petición se ha cursado a la Sala, la número 1, que en enero albergará el juicio por el recurso interpuesto en su momento por la mercantil contra la decisión municipal de abortar el procedimiento de contratación debido a las divergencias políticas surgidas sobre el proyecto en una comisión de Medio Ambiente. Fue un caso muy debatido en su momento: la licitación estaba lista para que RFS ejecutara el proyecto elaborado por la ingeniería GYPO y aprobado por el gobierno de Javier Lacalle, pero se levantaron voces en defensa del proyecto original (del paisajista Leandro Silva) pidiendo una restauración conforme a los planos originales.

La petición fue recogida por la oposición y, tras un debate en la citada comisión, el PP decidió dar la orden a Contratación de abortar el procedimiento «a la vista de las divergencias surgidas en la comisión de Medio Ambiente», razón que no parece ajustarse a las contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público. RFS alegó que «se obvió el requisito de fundamentar la renuncia» y solicitó retrotraer las actuaciones al momento previo a la renuncia. Es decir, que se adjudique y ejecute la obra.

El quién tiene razón está por juzgar, pero ahora ha surgido un problema añadido. El equipo de gobierno de Daniel de la Rosa ha ordenado la ejecución de obras de gran calado (costarán 200.000 euros, llevarán medio año de trabajo y afectan a una superficie de 4.400 metros cuadrados), de modo que en el supuesto de que la empresa obtuviera una sentencia favorable no se podría cumplir, ya que se está acometiendo una obra nueva sobre los mismos espacios.

En el escrito, la empresa afirma que se está produciendo «una actuación integral» sobre el parque y no un arreglo puntual, además de considerar que esos trabajos «coinciden con los propuestos en el proyecto», al menos en todo lo que afecta a los firmes y pavimentos, algo que se ha hecho sin advertirlo al Juzgado que conoce del recurso y el juicio pendiente. Es decir, insinúa una clara voluntad municipal de pasar por encima de una potencial sentencia desfavorable.

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