Para cualquiera de los 300 abogados inscritos en el turno de oficio en Burgos defender a una persona les supone una inversión de tiempo cuya remuneración no solo está muy lejos de lo que marca el mercado, sino que además es menor que las retribuciones que perciben en otras comunidades españolas. Pero es que su situación es todavía más llamativa cuando les requieren para asistir a empresas. La reforma del Código Penal de 2010, que introducía la imputabilidad de las sociedades -que les obliga a ser representadas por un letrado y un procurador-,  generó un vacío legal que en la práctica deja sin cobrar a estos profesionales. Cuando un proceso se alarga en el tiempo, como ha ocurrido en los últimos años en la provincia, el perjuicio para el colectivo es enorme. Hace unos días el Partido Popular planteó en el Senado cambiar la legislación. 

La situación afecta en particular a una veintena de abogados de Burgos a los que les han asignado la defensa de empresas. Algunos de ellos están inmersos en un procedimiento de fraude fiscal que lleva una década en fase de instrucción. Se trata de un entramado societario con más de diez ramificaciones.

Juan Carlos Bañuelos es uno de los letrados que representa a la mercantil acusada. «Nadie me va a pagar por este trabajo. Estamos hablando de un asunto que, tranquilamente, nos podemos tirar dos meses de juicio. ¿Qué hago con mi despacho? ¿Lo cierro?», se cuestiona molesto. 

La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 establece que las empresas no tienen derecho a un abogado de oficio. Sin embargo, la reforma del Código Penal contemplaba la obligación de que las personas jurídicas dispongan de letrado y procurador.

«Estás en una situación terrible en la que no puedes renunciar y tampoco puedes cobrar», apunta Bañuelos. No es solución, añade, dejar el caso y retirarse del turno, porque la defensa pasará a otro profesional y el problema persistirá. 

Son muchos años en los que los abogados pierden tiempo y dinero, porque atender procedimientos de este tipo les obliga a dejar a un lado temas privados, incluso asuntos de oficio de particulares que estuvieran inmersos en algún proceso penal.

«Es injusto. A nadie se le pasa por la cabeza que hubiera, por ejemplo, un fontanero del Estado que tuviera que encargarse de arreglar una fuga en una empresa y no le pagaran por su trabajo», protesta. 

La propuesta de reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del Partido Popular ayudaría a dar respuesta a las exigencias de los abogados. Marina Villuela, una de las responsables del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Burgos, aplaude la iniciativa planteada en el Senado, aunque se muestra pesimista. Además, cree que en la modificación legislativa se debería «reformar en otros sentidos». De hecho, recuerda que «en algún cajón del Ministerio estará un documento que atendía todas nuestras demandas, pero por circunstancias políticas allí se quedó», señala. 

«Cada vez que nos designan la defensa de una empresa lo vivimos con resignación, pero la misma que sentimos con la escasa retribución del resto de casos del turno. El incremento del baremo es una de las reivindicaciones eternas de los abogados», resalta Villuela.