La Fiscalía investiga la licencia de apertura al coso

DB
-

La plataforma ciudadana denuncia que la autorización para el uso de las instalaciones se otorgó sin los informes de los técnicos municipales. Si prospera, afectaría a cuatro concejales del mandato anterior

la plaza de toros de Aranda. - Foto: A. del Campo

Los capítulos de la polémica en torno a la venta y construcción de la plaza de toros de Aranda de Duero no han concluido. La plataforma ciudadana que protesta por este proceso presentaba una denuncia ante la Fiscalía al considerar que la decisión de otorgar la licencia de apertura de estas instalaciones puede constituir un delito de prevaricación. Tras recibir la documentación, el Ministerio Fiscal ha incoado un proceso para investigar si hay argumento legales que den la razón a este posicionamiento.

La plataforma acudía a la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos el pasado mes de julio para poner en su conocimiento que, según explica el abogado de este colectivo, Óscar Bartolomé, la concesión de la licencia de apertura de la plaza de toros se otorgaba en septiembre de 2014 sin contar con los preceptivos informes técnicos. De hecho, el documento del arquitecto municipal avisaba de que las obras aún no había finalizado y el departamento jurídico especificaba que no se podía otorgar esa licencia sin haber finalizado las obras ni haber pasado la instalación una inspección técnica con informes favorables.

Bartolomé destaca que en una junta de gobierno local extraordinaria y convocada de urgencia, en la que solo participaron Raquel González, Alfonso Sanz, Azucena Esteban y María Ángeles Marín -estas dos últimas ya fuera del Ayuntamiento-, aquel 9 de septiembre de 2014, se aprobaba la concesión a Toros Ricor de las licencias de primera ocupación y de apertura «a pesar» de la existencia de informes elaborados por técnicos municipales en los que se informaba que las obras no estaban finalizadas y con un informe jurídico en el que los ratificaba. Es más, «en el informe jurídico señalaba que para poder resolver los expedientes es necesario que se completen los mismos», recogiendo la necesidad de que se completasen las obras, se incluyeran de planos de fin de obra en el expediente, así como el informe en materia de ruidos y se cumplimentase la preceptiva inspección por parte de los técnicos municipales a las instalaciones para emitir los correspondientes informes.

La Fiscalía Anticorrupción de Madrid derivaba el asunto a Burgos, que en septiembre requería la documentación al Ayuntamiento de Aranda que «parece ser que ha contestado», según Bartolomé, por lo que ahora tendrá que valorar la Fiscalía si existe o no tal delito, para lo que podría tener un plazo de seis meses para iniciar un proceso o archivarlo.