Si durante la pandemia y, sobre todo, en el confinamiento que la acompañó en los primeros momentos, las cifras de denuncias por violencia de género se congelaron -por diferentes razones como que, por ejemplo, al no poder salir de casa el agresor tenía muchísimo más controlada a la víctima y esta tenía dificultades para pedir ayuda- en este 2021 que está a punto de terminar han vuelto a la 'normalidad' anterior. Así lo explica la fiscal de violencia de género de Burgos y coordinadora de esta materia en Castilla y León, María Boado, que se duele de que no haya habido «ninguna mejora» en las situaciones por las que atraviesan aún demasiadas mujeres: «El bajón de la pandemia no significó, en ningún caso, que hubiera menos violencia sino que hubo menos denuncias por las circunstancias y ahora, por desgracia, hemos vuelto a los números anteriores».
Lo que sí se ha conseguido y significa, para Boado, un paso hacia adelante para proteger mejor a las víctimas, es la aprobación y entrada en vigor de dos leyes que modifican artículos de gran importancia con respecto a la violencia de género: el 416 sobre la dispensa de declarar y el 544 sobre la orden de protección, aspecto que los fiscales llevaban tiempo pidiendo «porque es nuestro instrumento más utilizado y más demandado para la protección de las víctimas».
La concreción en la interpretación de estas modificaciones ha sido el grueso de la reunión que han mantenido esta semana en Madrid todos los fiscales especialistas en violencia de género, que María Boado calificó como «una de las más importantes de los últimos años»: «Estas modificaciones legales acentúan la defensa, ya no solo de la mujer, sino de los menores que pueden ser víctimas de violencia de género o que conviven en ese marco con sus madres. Y lo más trascendente, y que ya estamos empezando a aplicar, es que se nos prohibe dar visitas en el marco de una orden de protección. Los fiscales no vamos a pedir las visitas como forma de proteger a los menores en una situación de crisis de la pareja y la decisión de que el agresor pueda ver a los hijos se va a diferir a un procedimiento civil posterior cuando se tengan más datos para poder valorar la relación de esos niños con ese padre».
El objetivo es que no se produzcan casos de la denominada violencia vicaria o por sustitución, cuando el agresor ya no tiene relación con la madre y se ceba en los hijos, en muchas ocasiones causándoles la muerte. Varios sucesos así han impresionado muchísimo a la opinión pública en los últimos tiempos como el de José Bretón o el de las niñas de Tenerife cuyo padre ahogó en abril. «No se trata de menores que sean víctimas directas sino de todos los menores que convivan en ese ámbito. No se darán visitas en ningún caso», insistió la fiscal.
En cuanto a la dispensa de declarar, se refiere también a los menores que son víctimas de la violencia machista, y así como la mujer puede no hacerlo cuando ella es la agredida, ahora estará obligada si son sus hijos los que han sufrido maltrato: «Esperamos que todo esto suponga un avance en la mejora de la protección, porque lo es, pero si no va acompañado con medios materiales no será completo y en un juzgado mixto que lleve violencia de género y otros asuntos decidir si se acuerdan estas visitas -porque se ha decidido que en un caso concreto conviene -igual se puede demorar seis o siete meses».
En este sentido, insistió en que la ley es buena y protectora pero que tiene que darse también un incremento de medios, de equipos técnicos y juzgados exclusivos de violencia de género «para que los casos se puedan resolver de la forma más rápida posible, que es lo que, al final, demandan las víctimas». Recordó María Boado, en este sentido, que en Burgos hay un solo equipo técnico para toda la capital y la provincia, para todos los juzgados «cuando desde 2004 la ley dice que cada juzgado de violencia de género tenga su unidad de valoración integral».
Por otro lado, insistió en la reivindicación largamente sostenida de que la violencia sexual tenga en España, como en Europa, la considera de violencia de género, algo que anunció el pasado viernes la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell : «Se tiene que tender a esta incorporación de otras violencias como de género sin perjuicio de que la violencia de la pareja requiera ese tratamiento especial por los lazos afectivos existentes», dijo la fiscal, que lamentó, además, el repunte en los casos de violaciones en Burgos que, como contábamos en la edición del domingo pasado, alcanzó hasta septiembre la cifra de 10, según datos de Interior.