En septiembre, aún sin fecha cerrada, concluyen sus cinco años como presidente de la Audiencia Provincial, el máximo órgano judicial de Burgos. A la espera de lo que medite este verano con su familia, sabe que cuenta con la posibilidad de optar a un segundo mandato -"que no descarto"- y con el apoyo de sus compañeros, los magistrados y todo el equipo de funcionarios que habitan la primera planta del Palacio de Justicia. Siempre con la prudencia y el rigor que caracterizan a este juez con 27 años de carrera (que fue decano entre 2002 y 2005) y profesor de Derecho Civil en la UBU, Mauricio Muñoz es consciente de que, como toda la ciudadanía, vive un momento excepcional, marcado por una pandemia que también impulsará cambios y oportunidades para el desarrollo de la Justicia.

¿Cómo se está viviendo en los juzgados la crisis sanitaria?

La Justicia, como administración del Estado, también ha sufrido las consecuencias de la pandemia, tanto en seguridad y salud laboral de las plantillas como en el funcionamiento de los tribunales. Hemos tenido que acatar la situación de confinamiento y no paralizar totalmente la administración de Justicia para garantizar los derechos de los ciudadanos, especialmente en los procedimientos más urgentes, como los de familia. Ha sido un esfuerzo organizativo muy importante porque, además, a nivel legislativo, hemos vivido una cascada de normativa que iba continuamente evolucionando. A nivel gubernativo, hemos tenido que asumir las directrices que adoptaba el Consejo del Poder Judicial en cuestión de organización y adaptación a las circunstancias. La velocidad ha sido a veces excesiva, intentábamos adaptarnos a una situación que cambiaba constantemente...

¿Y qué es lo que ha cambiado desde el pasado 14 de marzo?

La situación se ha ido normalizando, ya contamos con medios a nuestra disposición en las salas de vistas. La Gerencia de Justicia nos ha facilitado mamparas y protección de los micrófonos. Hemos adoptado medidas para que los abogados no necesiten la utilización de la toga (salvo la propia) en las salas de vistas. Respecto a los procuradores, se admite su presencia en el inicio de la vista pero quedan excusados de su obligación de mantenerse en la sala salvo que lo consideren imprescindible. Se ha implantado el teletrabajo para aquellos funcionarios que tuvieran medios suficientes para poder ejercerlo y creo que se implantará en el futuro, pero no con un carácter masivo. A nivel de la ciudadanía, todo el mundo que acude a la Audiencia debe hacerlo con citación previa y pasar por controles de seguridad. Hay que guardar distancias en las esperas de los juicios y, de hecho, hemos separado los señalamientos para que no se produzca concentración de personas. En las salas de vista, además de mamparas, geles y distancias, intentamos que la declaración se haga de pie y con mascarilla. Con estas medidas intentamos minimizar los contagios y garantizar un funcionamiento más o menos ordinario.

¿Y los juicios con jurado?

Es donde más dificultades vamos a tener. Tenemos uno previsto para septiembre y ya estamos pensando en cómo poder celebrarlo con la mayor garantía de salubridad. La sección penal de la Audiencia es la que más se está viendo afectada porque es la que más juicios en vista celebra; en las secciones civiles muchas veces la resolución es por un trámite escrito y no se celebran tantas vistas. De hecho, cuando solo tenemos prueba documental estamos pidiendo a las partes que hagan el informe de valoración no en la vista sino por escrito, salvo que se considere imprescindible acudir a la vista.

¿Vamos hacia una Justicia sin contacto, no presencial?

Desde mi punto de vista, la Justicia plena recoge el derecho del ciudadano a conocer el tribunal en presencia que le va a juzgar. El contacto visual y la interlocución son aspectos muy importantes y valorados en un juicio. Ya lo vemos en los juicios por videoconferencia. Yo soy partidario de que los juicios sean presenciales, con todo el abanico de medidas de seguridad y salud, y que solo se realicen de manera telemática en casos excepcionales.

¿Han hecho balance de todo lo que ha quedado parado durante el confinamiento y el tiempo que les va a costar resolverlo?

Lo que se produjo en marzo fue un parón en la entrada de asuntos, salvo los más urgentes, como las medidas de protección de menores, algunas cuestiones matrimoniales y las causas penales con presos. El trabajo en trámite no se ha paralizado, ha habido una menor entrada de asuntos desde los juzgados de primera instancia, donde sí puede haber acumulación de casos. Una vez que se abrieron los plazos procesales se presentaron un número importante de escritos. Creo que vamos a poder absorber este trabajo con cierta normalidad, especialmente en el ámbito de la jurisdicción civil y penal, y que no habrá retrasos significativos.

¿Y en el ámbito social, el más vinculado a la crisis económica?

Será más problemático porque la avalancha de asuntos va a ser muy importante. El crecimiento de la actividad jurisdiccional en los juzgados de lo social se va a incrementar notabilísimamente con los despidos y la regulación de los ERTE y va a exigir -ya lo está exigiendo- medidas de refuerzo en estos juzgados. A nivel de sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ya se ha adoptado algún acuerdo de refuerzo en algunos juzgados de lo social de Castilla y León. En el ámbito mercantil, todavía no se está notando la crisis, aunque quizá en los próximos meses se incremente el nivel de asuntos en función de la evolución económica."

Hoy son más exigibles que nunca las viejas demandas de un cuarto juzgado de lo social y un segundo de lo mercantil en Burgos.

De momento, se están adoptando medidas de refuerzo y si vemos que la situación se mantiene en el tiempo habrá que pedir la creación de estos juzgados. Por ahora, vemos lo más adecuado el refuerzo de jueces para la tramitación y resolución de los asuntos.

¿La digitalización cobra, si cabe, más importancia en la Justicia como está ocurriendo en todos los ámbitos de la sociedad?

En este periodo hemos hecho un gran esfuerzo por adaptarnos a la digitalización, que no ha sido fácil. Los medios materiales y las herramientas informáticas no estaban lo suficientemente desarrolladas para hacerlo en óptimas condiciones. Ahora todo el expediente judicial es informático, aunque presenta dificultades en el manejo de casos con abundante documentación, que son muy complicados de examinar por parte del tribunal. Estamos más acostumbrados al papel, máxime cuando hay que examinar con gran detalle documentos que requieren un esfuerzo especial de comprensión. El sistema ha mejorado, pero aún queda un gran margen de mejora, vamos a vivir una evolución constante en la medida en que la tecnología y las inversiones del Ministerio de Justicia nos lo permitan. De hecho, en esta etapa de confinamiento hemos podido deliberar a nivel del tribunal de forma telemática con las condiciones de seguridad y garantía que exige el secreto de deliberaciones. Es la primera vez que lo aplicamos.

¿Son fórmulas que vienen para quedarse?

Yo creo que la deliberación en presencia física es mucho más adecuada, pero esto es una vía para solucionar estas situaciones coyunturales.

¿Qué queda por hacer para que la dinámica digital sea habitual en la Justicia?

Ya lo es. Ya no hay expediente papel. Aunque hay margen de mejora. El expediente digital debería ser como un libro electrónico, su examen debería hacerse pasando hojas y no abriendo un montón de archivos.

¿El confinamiento ha generado más actividad en los juzgados en temas de familia y custodia de hijos?

Ha habido alguna conflictividad familiar que se ha resuelto de acuerdo con cada caso concreto. La situación durante el confinamiento ha sido mucho más restrictiva a la hora de realizar las visitas o ejercer la patria potestad en los regímenes de custodia compartida. Solo cuando ha habido conflicto entre las partes hemos tenido que resolverlo. Pero el número de asuntos no ha sido muy elevado.

¿Le preocupa el uso y, sobre todo, los posibles abusos en la utilización de los datos personales para el seguimiento de la pandemia y los posibles contagios?

Lógicamente. Uno de nuestros derechos individuales es que nuestros datos personales estén protegidos. Si se producen vulneraciones va a haber asuntos que demanden esa protección jurisdiccional y ahí estaremos para resolverlo. No tengo constancia de que ninguna reclamación hasta la fecha se haya judicializado.

La crisis sanitaria ha dejado una ingente cantidad de contratos, pagos, acuerdos, reservas, etc., sin resolver. ¿Acabarán en los tribunales?

Es posible, toda crisis genera este tipo de procedimientos. De momento, todo lo vinculado a las reclamaciones de consumidores sigue procediendo del sector bancario (cláusulas abusivas, préstamos hipotecarios, desahucios...). Es posible que a partir del verano puedan llegar este tipo de cuestiones.

El ‘caso Arandina’ ha puesto a Burgos y sus tribunales en el punto de mira de la lupa mediática y la opinión pública. ¿Se siente satisfecho de cómo se ha resuelto?

Tuvimos que adoptar algunas medidas de organización para que el juicio se desarrollase con normalidad y creo que han funcionado perfectamente. Hubo una coordinación con los medios de comunicación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el público... El tribunal ha podido realizar su trabajo perfectamente y con normalidad, al igual que todos los que han trabajado en torno a este caso. Cuestión distinta son los juicios mediáticos con posibilidad de juicios paralelos y este caso ha sido uno de ellos. Eso sí me preocupa porque supone un desgaste importante en la credibilidad de la Justicia. Produce un sentimiento de frustración cuando se anticipa un resultado en los medios de comunicación que si no se obtiene, se genera una insatisfacción en la ciudadanía. Pero ahí están las sentencias dictadas por la Sección Penal de la Audiencia y por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. Sí, se ha reducido y modificado el pronunciamiento inicial, pero yo creo que es el funcionamiento habitual de cualquier asunto: el derecho a resolución en una segunda instancia.

Es difícil explicar a la opinión pública una rebaja de 38 años de cárcel a 3 y 4 años para dos condenados e incluso la absolución del tercero.

Insisto en que este es el funcionamiento habitual en una doble instancia en los tribunales. Hay una posibilidad de confirmación o una revocación total o parcial de la sentencia. En este caso, por lo que conozco, hay una apreciación de los matices que es lo que determina la proporcionalidad de la pena. En este caso ha sido muy diferente, se ha pasado de un tipo penal a otro en función de las concretas circunstancias que se valoran. A veces esto exige una labor minuciosa y el análisis de cirujano de una concreta prueba que nos lleva a un tipo penal u otro. Sabemos que la doctrina del Tribunal Supremo en este tipo de delitos dispara las penas en función del tipo penal que se aplica y de las concretas circunstancias que se valoren. Son cuestiones de matiz y de valoración de la prueba que pueden ser apreciadas de forma distinta por un órgano u otro.

¿Cómo puede trabajar un juez con tal presión mediática y social?

Cualquier juez que sea profesional tiene que estar ajeno a esa situación para ejercer adecuadamente su trabajo. Es verdad que no se trabaja igual en un asunto en el que no existe esa presión ambiental, porque el juez tiene mucho más fácil para valorar con la tranquilidad que se requiere el asunto y darle una respuesta adecuada. El juez tiene que ser ajeno a todo esto, tenemos que estar acostumbrados a resolver con independencia de lo que se opine, esa es la independencia judicial.

Pero las redes sociales y todo su inmenso poder cada vez ejercen más presión.

Es la crítica a la que estamos sujetos todos los poderes públicos. Nos podemos equivocar y hay que admitir la crítica y también el derecho a la discrepancia de cualquier persona. Es verdad que, a veces, los que tienen todos los medios de prueba a su alcance y saben exactamente lo que se ha producido son las personas que han participado directamente en el juicio y no la opinión pública, pero hay que trabajar con ello. Los medios de comunicación están presentes en la vida diaria de la Administración de Justicia y los jueces nos hemos acostumbrado a que esto sea así.

¿Un juicio como el del ‘caso Arandina’ podía haber sido público?

La norma general es que los procedimientos sean públicos y abiertos. Solo excepcionalmente, en supuestos en los que existen menores o el tribunal estima que puede existir una situación de peligro de pérdida de derechos de alguna persona, se pueden establecer juicios a puerta cerrada. Esto es excepcionalísimo, el 99% de los casos es público. Debemos garantizar el principio de publicidad. Con la pandemia, hay limitaciones de acceso a los juzgados y tribunales, pero por una razón de salud pública.

¿Sobran jueces mediáticos y faltan divulgadores de la labor y las formas de hacer de la Justicia?

Se está estudiando la posibilidad de crear la figura del juez comunicador y es una opción. La comunicación mejora la imagen de una institución. Sé que el Consejo General del Poder Judicial está analizando esta figura.

¿Le preocupa el fenómeno de las fake news y los bulos contamine también a la institución de la Justicia?

Las redes sociales permiten que cualquier persona, con independencia de su capacidad e intencionalidad, exprese una opinión que pueda ser conocida en cualquier parte del planeta. Esto genera un problema serio y grave cuando el objetivo es crear un estado de opinión, o difamar, o provocar conflictos o crisis para desestabilizar cualquier ámbito político, económico o individual. Son los inconvenientes de las redes sociales. A nivel judicial, nosotros lo que hacemos es tutelar derechos una vez que se demande la acción de la Justicia.

¿Qué balance hace de estos 5 años al frente de la Audiencia Provincial?

De satisfacción y creo que no soy una persona conformista. Ha habido un desarrollo normalizado del funcionamiento de la Audiencia y ese es mi cometido jurisdiccional y gubernativo principal. Cuento con la colaboración de todos mis compañeros y creo que también con su apoyo, lo que ha hecho más fácil mi labor. Trabajamos con normalidad y con agilidad, Burgos es ejemplar en este sentido. Mantenemos, además, una relación muy fluida con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a través de la Comisión Provincial de Política Judicial; con los colegios profesionales de abogados y procuradores; con la UBU y con el resto de las instituciones. En el ámbito de la mediación, estamos estudiando la posibilidad de realizar un acuerdo con alguna entidad bancaria para que se produzca solución extrajudicial de conflictos a través del mecanismo que la entidad sugiera y al que se podrán adherir cualquier otra entidad bancaria. Eso nos evitaría un acceso en las cláusulas bancarias que desborda la capacidad normal de funcionamiento de los órganos. Todo lo que sea desjudicializar este asunto y establecer soluciones extrajudiciales lo vamos a potenciar. En el ámbito contencioso administrativo, se están dando pasos para la posible implantación de un sistema de intermediación en el ámbito de los juzgados de contencioso administrativo de Burgos, tema que está pilotando la magistrada Patricia Crespo. También, dentro los objetivos que me marqué, todos los magistrados hemos hecho un esfuerzo para que nuestras resoluciones judiciales sean cada día más comprensibles y de fácil lectura.

Algo quedará por hacer...

La oficina judicial está implantada en Burgos en la primera instancia, pero no en la Audiencia Provincial, lo que no ha supuesto ningún déficit en nuestro funcionamiento. Si no hemos dado ese paso es que se ha considerado que el funcionamiento actual es más correcto y porque el Palacio de Justicia ofrece alguna dificultad a la hora de establecer este servicio, al tener que concentrar a todos los funcionarios en un determinado espacio. De momento, mantenemos el sistema actual, sin perjuicio de que en un futuro pueda cambiarse.

¿Cuál es el futuro de los partidos judiciales en Burgos?

No hay ninguna previsión. En su día estuvo el proyecto Gallardón en el que se preveía la concentración de todos los partidos judiciales en la capital de provincia. Desde entonces, el tema está paralizado. Dicho esto, cada día se tiende más a la concentración en las capitales de provincia pues las comunicaciones terrestres y las posibilidades de desplazamiento han mejorado. Aranda y Miranda tienen una población alta, lo que aconseja el mantenimiento de estos partidos judiciales. Otros, por competencia y número de asuntos, no se justifican salvo por el criterio de mantener los órganos, los medios y los edificios. Hoy, muchos funcionarios se desplazan cada día desde la ciudad a los diferentes partidos, lo que provoca que, cuando tienen la posibilidad de conseguir un traslado a la capital, lo solicitan. Por ello, hay determinados órganos que tienen funcionarios interinos de forma constante, lo que supone un retraso en la tramitación de los asuntos. Llegan sin la experiencia profesional suficiente para tener la agilidad de los funcionarios más experimentados. Lo que ganamos en descentralización lo podemos perder en la agilización de trámites. Eso nos preocupa.

Se entiende que la unificación de la Justicia es un tema que se volverá a retomar.

Es probable, pero es una decisión política. Alguno de los partidos judiciales de Burgos no se justifica por carga de trabajo y por los problemas de interinidad de los funcionarios.