La plantilla de los programas Madrugadores y Tardes en el Cole, que se ocupan de los escolares antes y después del horario lectivo, se encuentran en una «delicada situación laboral» que se traduce en que llevan sin cobrar desde que se decretara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, tal y como han denunciado los sindicatos y las propias afectadas en un escrito que firman 73 de las 136 trabajadoras que prestan estos servicios en Burgos, según los datos de CCOO.
«La empresa no nos informa globalmente y con claridad de nuestra situación y cuando lo hace es a petición individual», explican las empleadas en referencia a la compañía que la Junta adjudicó dichos programas, Senior Servicios Integrales, que a su vez es una filial de Clece. La comunicación que han recibido desde entonces es que ha presentado un ERTE, «que unas veces dice que es por fuerza mayor y en otras no especifica el motivo».
Desde CCOO se asegura que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo tramitado fue de «ámbito nacional, no regional, para todas las actividades que tiene esta firma en distintos territorios». En este sentido, agrega que hay provincias como Palencia y Salamanca donde las trabajadoras «ya han cobrado el primer mes de prestación por desempleo», lo que significa que «está resuelto y aprobado», mientras que esta situación no se ha dado en el resto de la región.
Las mismas fuentes sindicales apuntan a que el problema radica en «las oficinas de empleo provinciales», que en el caso de la de Burgos, según añaden, ha comunicado a las empleadas que no va a gestionar dichas prestaciones hasta que no tenga una resolución del Ministerio de Trabajo. El siguiente paso que darán será el de enviar un nuevo escrito al Ecyl porque «está en sus manos agilizar la documentación» para que puedan cobrar.
Las trabajadoras precisan que la respuesta de los servicios públicos de empleo es que en unos casos el ERTE aparece «en trámite» y en otros no, además de que «constan en la categoría laboral de limpieza de oficinas, hoteles u otros, que no se corresponde con el trabajo que realizamos». La situación general es «impotencia» tanto en los sindicatos como en la plantilla, teniendo en cuenta que estas personas trabajan a tiempo parcial y en el mejor de los casos perciben 300 euros mensuales. «No sabemos en qué situación estamos», subrayan, aludiendo también a que sus contratos no deberían verse afectados. De hecho, CCOO y UGT recuerdan que la normativa establece que las adjudicatarias de servicios públicos tienen que reclamar los gastos salariales a la administración.