Que rompa la coalición, que forme un Gobierno de concentración como el de Draghi, un Gobierno de supervivencia con participación de diferentes partidos. O que se vaya a su casa, por las buenas -una dimisión como la de Adolfo Suárez-, o por las malas -a través de una moción de censura como la que sacó del poder a Mariano Rajoy-, pero que se vaya.
Es un clamor que algo hay que hacer, porque mientras Pedro Sánchez sea presidente este país no saldrá adelante. Todo lo contrario. La última noticia es que Joe Biden va a iniciar una gira europea y no se incluye en su programa ningún encuentro con el jefe del Ejecutivo español, aunque sí con otros presidentes de la UE. No es un dato irrelevante: mantener buenas relaciones con Estados Unidos es asunto clave para cualquier país democrático por muchas razones, todas ellas importantes. Estos días últimos en los que Mohamed VI se puso gallito y nos creó un serio problema, saber que Estados Unidos podía dar la cara por España y pegar un telefonazo al rey marroquí podría haber evitado por ejemplo la invasión de emigrantes marroquíes a Ceuta, o los comunicados de Palacio -de donde emanan todas las decisiones en Marruecoscon un inadecuado tono amenazante y chulesco.
Sin embargo, a pesar del clamor para que finalice su mandato, clamor real que comparten españoles de todas las ideologías, incluidas las de izquierda, Pedro Sánchez no tiene la menor intención de irse y sigue convencido de que va por el camino correcto. Todo lo más, lo apuntan desde su entorno, podría hacer una remodelación de Gobierno a corto plazo. Pero de momento pone su empeño en la negociación con los independentistas catalanes, que incluye el indulto. Le resbalan las críticas generalizadas, que dirigentes regionales del PSOE se echen las manos a la cabeza, que distintos medios hayan advertido de que ha convertido a los políticos presos en presos políticos … Le es igual. Por cierto, dando la razón a quienes decían precisamente esto último, Puigdemont ha dicho este jueves en el Parlamento Europeo que en España hay presos políticos. Y nadie ha temblado en Moncloa.
Hay algo que sí admiten en el círculo presidencial: que el presidente está muy descontento con la ministra de Asuntos Exteriores. Cuentan que lo está desde hace tiempo, que en privado reconoce que no está a la altura de lo que esperaba de ella, que le vendieron que era una persona con amplia experiencia internacional. No era cierto: tenía experiencia en comercio internacional, pero no conocía las sutilezas con las que necesariamente se deben mover los ministros que se ocupan de las relaciones con otros países. Ni tenía tampoco contactos, una agenda con los móviles de quienes influyen en los países más relevantes. Esos comentarios dan a entender que el día que Sánchez finalmente haga cambios en su Ejecutivo -«con el Gobierno actual no puede llegar a las próximas elecciones» , es todo lo que reconoce uno de sus colaboradores- González Laya será una de las que recojan los papeles que haya acumulado en su etapa de ministra.
Subida de empleo
Los frentes abiertos son tantos, y tan graves, que se comprende el clamor para que deje de ser presidente. Cuando aún está abierto uno, se superpone un nuevo problema o hay otro a la espera. En los últimos días, con Marruecos alentando que miles de marroquíes en la miseria entraran en Ceuta y provocaran una g r a v í s i m a crisis política y social ante la imposibilidad de atender a tanta gente que llegó sin nada, entre ellos casi 1.000 menores que no fueron reclamados por sus padres, se sumó el bronco debate sobre los indultos a los independentistas. Debate que fue bronco no solo por el anuncio en sí, una hiriente vuelta de tuerca en la política entreguista de Sánchez a los sediciosos catalanes, sino que sus declaraciones afirmando que no se podía admitir actuar con revanchismo y venganza provocó no solo estupor generalizado sino que se consideró como una descalificación general al trabajo de quienes imparten Justicia: jueces y fiscales.
A todo ello se suman las cuestiones económicas que se arrastran desde hace meses. Esta semana se han echado las campanas al vuelo por el incremento de empleo y altas a la Seguridad Social, pero los expertos coinciden en que son las cifras habituales en el mes de mayo, cuando se hacen las contrataciones para la temporada de verano. Este año esa temporada está en peligro por la insistencia de la ministra Darías en mantener unas reglas que además de llevar al cierre de establecimientos hosteleros y hoteleros, y por tanto abundar en el desempleo a partir de otoño, han demostrado la falta de credibilidad de los profesionales y de los responsables políticos hacia la eficacia de las medidas del Gobierno. La mayoría de las autonomías se han negado a asumir esas normas, porque las encuentran más duras que las de tiempos en los que la pandemia golpeaba con más fuerza. Además, el empeño del Ejecutivo británico en mantener su calificación de España como país inseguro añade aún más preocupación a quienes esperaban que la llegada de turistas pudiera salvarles la situación. En septiembre finalizan los ERTES y, si no se prolongan, se sumarán al desempleo más de medio millón de españoles, lo que sumados a los que finalicen su contrato estacional que iniciaron en mayo puede provocar una situación insostenible.
Defensa y exteriores
Podemos, sin embargo, actúa como si fuera ajeno a esta situación. Yolanda Díaz sigue empeñada en la derogación de la reforma laboral, en contra del criterio de Nadia Calviño, y quiere negociar ya la subida del Salario Mínimo, también en contra de la vicepresidenta económica. Los ministros de Podemos se pusieron medallas cuando se aprobó el Ingreso Mínimo Vital, una de sus banderas, pero solo el 10 por ciento de quienes lo solicitaron han tenido acceso a esa ayuda de supervivencia. Por otra parte, desde hace unos días han entrado en vigor las nuevas tarifas energéticas, que incrementan el recibo en un 40 por ciento a no ser que se haga un uso de la electricidad en horarios que no son asumibles por la mayoría de las familias españolas.
La situación por tanto es crítica para elGobierno, tanto desde el punto de vista económico como reputacional. La imagen del avión argelino que despega hacia Logroño antes de que Ghali haya declarado ante el juez y que, al entrar en espacio aéreo español, es detectado por los controladores que preguntan su destino no es una imagen positiva. Responden desde cabina que vuelan con autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que provocó una llamada inmediata de Defensa a Exteriores, donde le confirmaron que efectivamente habían pactado ese vuelo pero que se había adelantado en el horario. En Defensa no disimularon su indignación por no haber avisado de una operación tan delicada que tenía, además, unas consecuencias políticas que no se debían escapar a nadie, menos aún a los responsables de las relaciones internacionales. Todas estas cuestiones las considera Pedro Sánchez poco relevantes. Sigue empeñado en agotar la legislatura y está convencido de que cuenta con dos bazas a su favor: la primera, el éxito de la negociación con los independentistas catalanes. No maneja la posibilidad de que una vez más se empecinen en mantener una posición de absoluta ilegalidad que imposibilite el acuerdo. Y cuenta con otra baza: la llegada de los fondos europeos que cree que relanzarán la economía y la creación de empleo. El problema es que los fondos llegan condicionados, no podrá dedicarlos a las políticas que más le convienen electoralmente. Con un ingrediente añadido: gran parte del dinero que va a llegar ya se ha gastado de antemano.