La reforma del Código Penal del año 2015 dio un respiro a los juzgados de instrucción, a los que eximió de investigar los accidentes de tráfico por imprudencias leves. Con dicha modificación legal a estos órganos dejaron de entrar del orden de 500 asuntos relacionados con la siniestralidad vial en la provincia de Burgos, según los datos que maneja el Instituto de Medicina Legal, directamente afectado por el cambio normativo, pues dejaron de valorar ‘de oficio’ a las víctimas de esos percances. Pero una nueva reforma va a devolver los accidentes menos graves a los órganos de instrucción (cuatro en la capital, más los nueve juzgados mixtos de Aranda, Miranda, Villarcayo, Lerma, Salas y Briviesca), con lo que su carga de trabajo aumentará, así como las posibilidades de colapso, según temen los abogados burgaleses.
La nueva reforma lo que hace es reconducir a la jurisdicción penal la práctica totalidad de los accidentes de circulación con víctima, siempre que el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, algo que deberá apreciar el juez. Es decir, habrá de analizar si la falta de diligencia del conductor -saltarse un semáforo, superar los límites de velocidad, parar en un carril bus, hacer maniobras antirreglamentarias y un largo etcétera- ha sido la causa del siniestro. Y «normalmente detrás de un accidente de circulación siempre hay una infracción», apunta Pablo Antolín, abogado especialista en la materia.
Desde 2015, la mayoría de los percances se resolvían con un acuerdo extrajudicial entre afectados y aseguradoras, que hacían una oferta indemnizatoria a la víctima que normalmente era aceptada. De no serlo, el afectado podía recurrir a la vía civil para solicitar una revisión del Instituto de Medicina Legal, sin coste para el particular porque las evaluaciones se pagan con una tasa que abonan las compañías. Si el diagnóstico elevaba la gravedad de las lesiones, o bien el seguro aumentaba el montante de la compensación motu propio o era un juez de primera instancia el que decidía, al no haber acuerdo entre las partes.
ahora, menos de 100. Así, en los ejercicios previos a la reforma del año 2015, los forenses de la provincia burgalesa valoraban a cerca de 600 víctimas de accidentes que los juzgados de instrucción tramitaban como delitos por imprudencia grave o por juicios de faltas, en función de la entidad de las lesiones. Pues bien, a partir de esa fecha estos profesionales no han visto más de un centenar de casos al año -97 en 2017, último dato oficial-.
«Va a aumentar la carga de trabajo, tanto en los juzgados de instrucción como en el Instituto, pero las víctimas van a estar más protegidas», señala Amador Martínez Tejedor, director del Instituto de Medicina Legal de Burgos, Soria, Segovia y Ávila.
A partir de la nueva reforma, los atestados de accidentes con víctimas con lesiones leves y los partes médicos hospitalarios llegarán al juzgado correspondiente y el juez habrá de determinar «si tiene la entidad para iniciar procedimiento penal o si se archiva» para dar inicio a un procedimiento civil, cuando en los tres últimos años se decretaba el sobreseimiento provisional por defecto.
Solo ese trámite «añadirá trabajo a los juzgados», pero es que en el caso de que el siniestro termine en proceso penal, «el juzgado habrá de efectuar ofrecimiento de acciones al perjudicado, nombrar un forense y fijar la indemnización correspondiente», indica Pablo Antolín.
Este letrado advierte de que entre esos accidentes «se colarán muchas lesiones leves de cervicales y de cuello, que ahora se resolvían con mucha agilidad y cuyos procedimientos se dilatarán con el cambio». Por contra, reconoce el abogado, «hay casos de atropellos que, pese a no acarrear secuelas graves, sí que causaban verdaderos quebraderos de cabeza a las víctimas y que ahora se van a resolver con más garantías para los perjudicados», indica.