Nunca lo han tenido fácil para organizar el Festival Tribu y se lo está poniendo en bandeja para abandonar. La sexta edición del encuentro de música, arte urbano y gastronomía celebrada en 2019 (el año pasado se canceló por la pandemia) tiene todas las papeletas para ser la última. Otra traba administrativa del Instituto Municipal de Cultura les deja con el agua al cuello y una deuda de 27.600 euros (9.600 que les reclaman que devuelvan y 18.000 que dejan de cobrar). Eso sin contar que tienen otro agujero de 21.000 euros que se remonta a 2015 con el Plan Estratégico y que por sentencia debe pagarles el Ayuntamiento. En total, 48.000 euros.
«Es un importe que no podemos asumir», señaló Héctor Aguilar, responsable del Festival Tribu, notablemente contrariado. «Nos abocan a la ruina cultural y económica. No podemos ni queremos afrontar este festival ni ninguna otra actividad cultural en la ciudad. No estamos dispuestos a llevarnos estos malos ratos ni tenemos capacidad para perder dinero».
Para entender el último capítulo de esta triste historia hay que remontarse a la redacción del convenio de 2019, en el que el IMC concedía una subvención de 60.000 euros al Festival Tribu. La concejala Nuria Barrio, presidenta entonces del Instituto Municipal de Cultura, reconocía «no haber visto hasta ahora un convenio en esos términos», con las cantidades establecidas de antemano para cada actividad, aunque sea legal: «Se puede hacer así, pero es verdad que te hipoteca mucho porque si una factura tiene un precio mayor de lo previsto, no se te puede pagar más. Y es una pena porque tienen justificados todos los gastos y las facturas abonadas, pero es un callejón sin salida».
La concejala admitió no saber por qué se hizo así ese convenio en concreto y alegó que era el primero que firmaba como presidenta del IMC. El caso es que se han presentado alegaciones para revertir la situación, pero han sido rechazadas y del 70% de la cantidad entregada por el Ayuntamiento se le exige a Tribu el reintegro de 9.000 euros más intereses. Y por supuesto deja sin efecto el cobro del 30% restante (18.000 euros).
«Es doloroso e injusto para ellos, pero este expediente no tiene otra solución. Reconozco que son víctimas de un despropósito administrativo y he manifestado mi malestar con la tramitación, pero este expediente acaba aquí», añadió Barrio mientras recordaba la «apuesta política» de su grupo, el PSOE, por este festival.
Sin embargo, en estas condiciones a los organizadores no les valen las promesas y el colectivo renuncia a continuar. Anuncian incluso llevar el festival allí donde les den «garantías económicas y jurídicas» para sacarlo adelante.