Con cuatro años de retraso, pero la renovación de la figura del defensor del Pueblo se completó ayer con el nombramiento de las adjuntas a este cargo, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena García. Con ellas, el titular del puesto, Ángel Gabilondo,  se pone manos a la obra en un cargo para el que fue elegido el pasado mes de octubre y en el que asegura que quiere trabajar por los derechos fundamentales. A pesar de su intención, admite que el derecho individual no debe dañar a los más vulnerables y comprende que se pueda obligar a vacunarse a los profesionales del sector sanitario o las residencias.

«Los derechos son individuales, pero los demás individuos también tienen derechos y no sé si hay un derecho a contagiar a los demás, precisamente», reflexiona en su primera entrevista tras tomar posesión del cargo el pasado 18 de noviembre en el Congreso.

La vacunación obligatoria sería, en cualquier caso, una decisión política al margen de sus competencias, pero entiende que puedan darse ese tipo de pasos. «Al menos que se pueda, no digo que se deba», añade con cautela.

El nuevo defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - Foto: J.J. GuillénTras seis años como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, su nombre concitó el consenso de socialistas y populares en el pacto para renovar la institución y asegura que ahora es el representante del pueblo, sin distinción «ni de partidos, ni de grupos, ni de votantes».

Gabilondo sabe que su trabajo generará «fricciones» con distintas administraciones, pero, asegura que está decidido a ser la voz de los más vulnerables.

«No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, no somos cronistas de la actualidad. Está bien que sepamos lo que pasa, pero estamos aquí para intervenir, para que no pase y para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de poder evitar eso».

El nuevo defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - Foto: J.J. GuillénLlega Gabilondo a la institución, que ha cumplido 40 años, con el objetivo de escuchar a todas las personas que se sientan desamparadas, «víctimas de distintos procedimientos administrativos», pero también de supervisar los lugares donde pueden estar siendo vulnerados derechos, desde residencias de mayores a centros de menores o migrantes.

Es un hombre dialogante y en su discurso de toma de posesión garantizó que trabajará «con ponderación y coherencia», aunque recuerda que la institución tiene mecanismos para hacer valer sus recomendaciones ante las distintas administraciones, llegando, si no hay respuesta, a la Fiscalía e incluso al Constitucional.

«La institución debe dirigirse ante las administraciones con buena información, con firmeza y con argumentos», señala Gabilondo, consciente de que el Defensor «no es un gobierno paralelo, ni un juez, ni una tercera cámara» y de que no está para «sostener gobiernos ni derrocarlos».

El nuevo defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. - Foto: J.J. GuillénEl exministro quiere situarse al margen de la polémica generada por la renovación de los órganos constitucionales y se siente respaldado por las Cortes Generales, tanto por los que le han votado como por los que no, ya que, asevera, trabaja para todos ellos como representantes del pueblo.

Los ciudadanos, argumenta, exigen una cultura del acuerdo frente a la crispación y la «seducción de la confrontación», un abismo que atrae, reconoce, pero no resuelve los problemas. Entre sus objetivos, Gabilondo destaca su intención de poner la institución al servicio de aquellos que «no tienen ni siquiera voz, no llegan ni a quejarse, no están en el circuito». Y reclama a las administraciones que les respondan en un lenguaje cercano y sencillo. «Comprendo que la respuesta a un recurso del Constitucional exige un dictamen muy cuidado jurídicamente, pero cuando un señor te ha escrito una queja con un bolígrafo, no debemos mandarles las obras completas de nada».