La actual situación que vive el país por la pandemia del coronavirus no ampara per se la conducta de los padres de no llevar a sus hijos a clase por temor al contagio, un absentismo que, sin embargo, podría ser justificado por razones de salud del alumno o de sus familiares convivientes, que deben estudiarse "caso por caso", según precisó ayer la Abogacía del Estado.

El informe jurídico remitido por el Ministerio de Educación a las comunidades determina así "la obligación de asistencia a clase" y la escolarización obligatoria en el aprendizaje básico como derecho fundamental a la enseñanza. De esta forma, advierte a aquellos padres que no lleven a sus hijos a la escuela de forma reiterada de que estarían incumpliendo las normas. De hecho, de producirse estas situaciones, y de entender que son injustificadas, los colegios deben comunicarlo «de inmediato» a la autoridad competente.

Es por ello que el documento, redactado ante el movimiento de algunos padres que se niegan a llevar a los niños al colegio, establece que deberá hacerse un análisis de cada caso. «Sin perjuicio de lo anterior, solo cabe apreciar absentismo escolar cuando la inasistencia a clase no esté justificada. Por ello, deberá valorarse, tanto por los centros docentes como por las autoridades competentes, la situación particular de cada menor, por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes, así como la situación de evolución epidemiológica en el momento que se trate», señala la Abogacía.

El informe expone la alarma social que genera la pandemia y «la abundante información que puede ocasionar el desconcierto y miedo, especialmente en aquellas familias en las que el riesgo se pueda percibir como más acuciante», como niños que poseen patologías previas o la convivencia con familiares con un mayor riesgo. 

En todo caso, la Abogacía recuerda a los padres que consideran que la vuelta al colegio no se está realizando de forma segura, que pueden presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión, con posibilidad, por ejemplo, de instar la suspensión cautelar de las decisiones administrativas de fijación de la fecha de comienzo de curso.